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¿Su gobierno ha adoptado alguna iniciativa para reducir los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos que usted considere particularmente exitosa? Por favor indique uno o más ejemplos al respecto.

Si, el Estado Mexicano ha tomado diversas medidas para salvaguardar las actividades de desarrollo, en comunión con el medio ambiente, respetando los derechos humanos de las personas posiblemente afectadas:

  • El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en junio de 2011, establece diversas obligaciones a las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, que los derechos humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados internacionales suscritos por México, y que la interpretación de aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger (impedir que otras personas interfieran en el disfrute del derecho) y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos.
  • Asimismo, la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que tiene carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, siendo que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
  • Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece las siguientes Metas Nacionales:
  1. Un México en Paz. Establece los lineamientos para una nación tranquila en la que se respeten los derechos humanos.
  2. Un México Incluyente. Delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza, lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores.
  3. Un México con Educación de Calidad. Fomentar los valores cívicos, elevar la calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innovación.
  4. Un México Próspero. Detalla el camino para impulsar a las empresas, la generación de empleos y el desarrollo de la infraestructura para incrementar la competitividad.

El Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) ha adoptado iniciativas destinadas a reducir los impactos negativos de las empresas del Sector Social de la Economía en los derechos humanos; dicha iniciativa se ve actualmente reflejada en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social (ROFONAES) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 específicamente en el 2º párrafo de la regla 6.1 que establece: “Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) deberán aceptar los fines, valores, principios y prácticas a que refieren los artículo 8, 9 , 10 y 11 de la Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS)”, con lo cual se fomenta una conducta orientadora, al interior y exterior de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE para el respecto de los derechos humanos).

Cabe señalar que las ROFONAES, en su versión de anteproyecto fueron sometidas a la opinión de los particulares a través del portal de la COFEMER del 6 al10 de diciembre de 2013.

Con base en el PND, la Secretaría de Economía elaboró el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN), el cual prevé que México incremente y mejore su competitividad y nivel de inversión, mejore el marco regulatorio aplicable; fortalezca el mercado interno y propicie mejores condiciones para el consumidor; incremente la productividad con una política innovadora de fomento a la industria, comercio y servicios; fomente la innovación como impulsora del desarrollo económico; impulse el emprendimiento y fortalezca el desarrollo empresarial y los organismos del sector social de la economía, y consolide la política de apertura comercial para promover la participación de México en la economía global, mediante el aprovechamiento y fomento de las oportunidades de negocio.

El 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Derechos Humanos, cuyo cuarto objetivo es “Fortalecer la protección de los derechos humanos”, en donde se incluyó una estrategia para promover el enfoque de derechos humanos y género en el sector privado, así como en las políticas y actividades empresariales. Con ello se busca fomentar mecanismos dirigidos a garantizar el respeto a los derechos humanos en las empresas, y que éstas incluyan los derechos humanos en sus principios, códigos y políticas. Dicha estrategia señala lo siguiente:

“Estrategia 4.4. Promover el enfoque de derechos humanos y género en el sector privado, así como en las políticas y actividades empresariales.

Líneas de acción

4.4.1. Fortalecer los mecanismos dirigidos a garantizar el respeto a los derechos humanos en las empresas y el sector privado.

4.4.2. Fomentar que las empresas difundan los derechos humanos y los incluyan en sus declaraciones de principios, códigos y políticas.

4.4.3. Impulsar el enfoque de derechos humanos en la responsabilidad social empresarial.

4.4.4. Promover que la legislación que regula a las empresas garantice el respeto a los derechos humanos.

4.4.5. Coadyuvar a que las empresas conozcan sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto a sus trabajadores y usuarios.”

Asimismo, es preciso mencionar que, incluso desde antes de la elaboración de los Principios Rectores, se adoptaron medidas para llevar a cabo el desarrollo de proyectos de competencia federal como puede ser: hidráulicos, de vías generales de comunicación, turísticos, de hidrocarburos, acuícolas, etc., previstos en el Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1988 (LGEEPA), con modificaciones sustanciales en 1996 y 2000; así como en su Reglamento de la LGEEPA en materia del Impacto Ambiental de los mismos años.

La Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (DGGCARETC) tiene la atribución de regular en materia de atmósfera a los establecimientos de jurisdicción federal y de integrar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), dando así cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 15, Fracción XII, de la LGEEPA, sobre el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas las personas.

A través de la Licencia Ambiental Única y la Licencia de Funcionamiento, se regula a las empresas para que cumplan con lo establecido en el Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, en las Normas Oficiales Mexicanas, en los resolutivos de Impacto Ambiental, en los permisos de descarga de aguas residuales y en los Programas de Contingencias Ambientales.

Por su parte, a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), se publica información, por establecimiento, sobre la liberación de sustancias tóxicas con impactos significativos a ecosistemas, biodiversidad y en general a los recursos naturales (agua, aire y suelo) y a la salud de la población. Con ello se fortalece el derecho a la información de la sociedad para conocer los impactos al ambiente y a la salud derivados de las actividades industriales en su localidad.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde hace 4 años a capacitado en esta materia a su personal a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), llegando a las 62 Unidades Administrativas que la conforman.

Independientemente que las Unidades Administrativas de la SCT han impartido acciones en esta materia; ya que cada UA tiene su responsable de capacitación y presupuesto.

¿Qué departamento o departamentos tienen una responsabilidad significativa respecto a las empresas y los derechos humanos dentro de su gobierno?

Desde su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 1994, México forma parte de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales (las directrices), un conjunto de recomendaciones en temas relacionados con la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entre los que se encuentra el de los Derechos Humanos (Capítulo IV de las Directrices).

Las Directrices son recomendaciones sobre principios en materia de RSE. Los gobiernos adherentes a las Directrices adoptan el compromiso de promover su observancia voluntaria entre las empresas multinacionales (EMN) y difundir los principios ahí contenidos entre los diferentes grupos interesados.

Entre los Capítulos que conforman las Directrices encontramos los referentes a:

  • Derechos Humanos.- las empresas deberán respetar los derechos humanos en los países donde se establezcan, de conformidad con los instrumentos internacionalmente reconocidos.
  • Empleo y relaciones laborales.- Las empresas deberán respetar los derechos de los trabajadores, cooperar con las organizaciones sindicales, prevenir la discriminación laboral y contribuir a la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso.
  • Medio Ambiente.- Las empresas deberán proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad pública. Se esforzarán por evitar, prevenir y reducir daños graves a la naturaleza, a través de la implementación de  sistema de gestión medioambientales y la adopción de tecnologías amigables con el ambiente.
  • Cuestiones Tributarias.- Las empresas deberán contribuir a las finanzas públicas de los países donde decidan establecerse, efectuando el pago puntual de sus obligaciones fiscales y absteniéndose de realizar acciones con el objetivo de reducir indebidamente la carga tributaria.

El contenido en materia de Derechos Humanos de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales es acorde con Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Para promover la adopción de dichas Directrices y facilitar su cumplimiento, los gobiernos adheridos tienen la obligación de establecer un Punto Nacional de Contacto (PNC), el cual, en el caso de México, está adscrito a la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía.

Este PNC es responsable de difundir y operar el procedimiento para atender Instancias Específicas sobre temas contemplados en las Directrices (incluido el de los Derechos Humanos) y, en su caso, ofrecer sus buenos oficios para la resolución de las mismas.

La participación del PNC en una serie de talleres, foros y eventos nacionales e internacionales organizados por distintos Organismos Internacionales y países adherentes a las Directrices, ha permitido fortalecer el proceso de difusión y promoción de la adopción y cumplimiento de las Directrices en México.

Asimismo, durante el 2014 el PNC de México ha rediseñado sus procedimientos para atender Instancias Específicas, es decir, para prestar sus buenos oficios cuando existe la impresión de que una EMN está actuando en contra de los principios y estándares establecidos en las Directrices.

Asimismo, por su parte el INAES tiene, entonces, cierta actividad como “departamento del gobierno”, respecto a las empresas y derechos humanos, puesto que los Organismos del Sector Social (conocidos por sus siglas OSSE), que son empresas conforme a su definición legal (artículo5, fracción II de la LESS) constituyen la población objetivo de las reglas de operación referidas en el numeral anterior. Y para la adecuada coordinación de acciones al interior del INAES, éste cuenta con su “Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social” (DOF 22 de julio de 2013) que define la competencia de cada una de sus áreas.

De conformidad con lo señalado en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal emprenderán las acciones que en el ámbito de su competencia sean viables para dar cumplimiento al mismo.

Cabe señalar que el Programa antes indicado establece que se buscará tener mecanismos de colaboración que involucren a los tres poderes y a los órganos autónomos, así como con la sociedad civil.

La Secretaría de Economía, en el contexto del Eje México Próspero del PND y en concordancia con el PRODEINN, tiene la encomienda de articular una política industrial que, transversalmente con otros programas, contribuya a proteger, respetar y remediar los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos

Dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes existe la Dirección de Derechos Humanos y Análisis de Información de Seguridad Nacional.

De igual manera en la Dirección de Planeación y Desarrollo de la Dirección General de Recursos Humanos, se concentra la información sobre la capacitación en esta materia y se coordinan algunos de los cursos a través de la CNDH en la SCT.

¿Cuáles son los cinco principales temas de derechos humanos en los que las pueden tener impacto, sobre los que su gobierno ha tomado medidas?

5 asuntos con mayor prioridad:

  • Salud (incluyendo salud ambiental, lugar de trabajo y seguridad)
  • Niños y niñas, incluyendo el trabajo infantil
  • Derechos sobre las tierras y desplazamiento
  • Derechos de las mujeres
  • Poblaciones indígenas y/o minorías étnicas y raciales

Medidas en materia de derechos sobre las tierras y desplazamiento

Derechos sobre tierras.- porque los OSSE tienen como otra práctica (Art. 11 fracción V de la LESS), la “propiedad social o paritaria de los medios de producción”

Medidas en materia de mujeres

Derechos de las mujeres y minorías.- porque conforme a la regla 7.1 de las Reglas de Operación mencionadas existen apoyos integrales denominados “Integra mujeres y población en situación de vulnerabilidad”, los cuales buscan tener el carácter transversal en las Reglas de Operación para 2015.

Medidas en materia de niños y niñas

Trabajo Infantil.- porque en el anteproyecto de las Reglas de Operación para 2015 se establece una regla protectora del trabajo de los menores.

Medidas en materia de poblaciones indígenas o minorías étnicas y raciales

Derechos de las mujeres y minorías.- porque conforme a la regla 7.1 de las Reglas de Operación mencionadas existen apoyos integrales denominados “Integra mujeres y población en situación de vulnerabilidad”, los cuales buscan tener el carácter transversal en las Reglas de Operación para 2015.

Otras medidas

Existen diversas medidas que las empresas deben seguir en torno al impacto que sus actividades pueden tener sobre los derechos humanos.

En el caso del impacto ambiental en particular, se ha establecido lo siguiente:

  • La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos competencia de la federación, en el que seguido el procedimiento de evaluación, para el caso de ser aprobado el proyecto, se establecen condicionantes para el desarrollo de los mismos, con ello, se pretende que se dé cumplimiento a uno de los derechos humanos sustancial para las personas, como es el derecho humano a un medio ambiente sano, previsto en el artículo 4° Constitucional.
  • Con la presentación de los informes (programas de: reforestación, de ahuyentamiento de fauna, seguimiento ambiental, indicadores de agua, suelo, aire, etc.) se da seguimiento puntual a los trabajos para el desarrollo del proyecto, con la finalidad de evitar en lo posible un desequilibrio ecológico no evaluado y con ello respetar el derecho humano al medio ambiente.
  • Por su parte, los establecimientos reportan a través de la Cédula de Operación Anual, las emisiones y transferencias liberados en el año inmediato anterior, así como las actividades realizadas en la prevención y manejo de las sustancias sujetas a reporte al RETC, usadas en sus procesos productivos.

Todas las leyes y reglamentos aprobados a nivel federal siguen el procedimiento constitucional conforme al artículo 72 de la CPEUM.

En particular, la Cédula de Operación Anual (COA) siguió un proceso de consultas con partes interesadas, y para la elaboración del diagnóstico del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 se consultaron informes, estudios y reportes emitidos por el Estado mexicano, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y la academia.

En materia de contrataciones públicas en la Administración Pública Federal (APF), se han incluido disposiciones que se relacionan con los derechos humanos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), en sus respectivos Reglamentos (RLAASSP y RLOPSRM), y en lineamientos:

  • En el caso de procedimientos de contratación de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas en los que se utilice el criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes, las dependencias y entidades de la APF están obligadas a otorgar puntuación o unidades porcentuales a las proposiciones que presenten personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses (arts. 14 y 43, fracción V LAASSP y art. 38 y 44, fracción VII LOPSRM).
  • Las dependencias y entidades de la APF pueden realizar contrataciones mediante adjudicación directa cuando se trate de adquisiciones, arrendamientos y servicios que realicen con campesinos o grupos urbanos marginados, ya sea como personas físicas o morales, así como cuando se trate de obras públicas o servicios relacionados con la misma que requieran fundamentalmente mano de obra campesina o urbana marginada y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos. (Art. 41, fracción XI LAASSP y 42, fracción IX LOPSRM).
  • Cuando una dependencia o entidad de la APF contrate la prestación de servicios que requieran el uso intensivo de mano de obra, cuyo costo implique más del 30% del monto total del contrato, están obligadas a establecer en la convocatoria a la licitación pública a cuando menos tres personas y en el contrato respectivo, la obligación de los proveedores para cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social de sus trabajadores, así como entregar a la dependencia o entidad en forma bimestral, las constancias relativas (art. 80 del RLAASSP).
  • En la programación anual para la contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades de la APF están obligadas a considerar que toda instalación pública debe asegurar la accesibilidad, evacuación y libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las personas, y deben cumplir con las normas de diseño y señalización que emitan, en las instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para personas con discapacidad. (Art. 21, fracción XV LOPSRM).

Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública ha realizado acciones tendientes a modificar la LOPSRM, elaborando un anteproyecto de iniciativa de reforma que busca que los contratistas y los subcontratistas de la Administración Pública Federal cumplan con sus obligaciones de seguridad social para tener como cumplidos los trabajos contratados. Lo anterior, como una estrategia a fin de reducir la informalidad y generar empleos mejor remunerados, como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

De la normatividad en materia de contrataciones públicas en México se desprende que existen requisitos de debida diligencia en materia de derechos humanos en las áreas de derechos de las personas con discapacidad; apoyo a campesinos y grupos urbanos marginados; y fomento al respeto de los derechos de seguridad social de los trabajadores.

Como ya se comentó, cuando algún proyecto es autorizado en materia de impacto y riesgo ambiental, se condiciona al promovente a presentar informes de cumplimiento de condicionantes (programas de: reforestación, de ahuyentamiento de fauna, seguimiento ambiental, indicadores de agua, suelo, aire, etc.), respecto de la ejecución del proyecto, mismos que harán de conocimiento a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, so pena de aplicación de un procedimiento administrativo sancionatorio, civil o penal.

Asimismo, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad son sectores de jurisdicción federal e informan a través de la COA su desempeño ambiental anualmente.

De forma general, todas las instituciones financieras deben respetar los derechos humanos de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Mexicana y en seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018

México reconoce el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. En virtud de ello, a través del procedimiento de evaluación del impacto ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para tal efecto, los interesados deben presentar una manifestación de impacto ambiental, la cual debe contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

Tratándose de obras o actividades sobre las tierras, territorios y recursos naturales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se realizan consultas libres, previas e informadas de conformidad con lo que establece para tal efecto el Convenio 169 de la OIT, tratado del que México es Parte.

Dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, existen dos figuras para hacer del conocimiento a la sociedad en general, a saber:

  • La Consulta Pública: ésta procede cuando a solicitud de alguna persona de la comunidad posiblemente afectada presenta la solicitud de consulta pública, en la que dentro del periodo de 20 días se hace del conocimiento el proyecto y presenta observaciones u opiniones ambientales relativas al proyecto en evaluación.
  • La Reunión Pública de Información: ésta se lleva a cabo en un solo día, dentro del periodo de consulta pública, siendo facultad de la Secretaría llevarla a cabo o no, siempre y cuando a consideración de ésta pudieran existir desequilibrios ecológicos graves o daños la salud pública. Para llevar cabo la reunión pública de información, se emite una convocatoria, en la que se señala fecha, día y hora, se señalan requisitos para poder participar y exponer, pero cualquier persona pude asistir. Es de hacer mención que no se vota nada, no se decide nada, solo se expone el proyecto que se pretende realizar para conocimiento de la comunidad posiblemente afectada y ésta hace observaciones y opiniones al mismo, para que la autoridad evaluadora tome en cuenta esas opiniones y se allegue de mayores elementos de decisión.

Cuando algún proyecto incide o pudiera afectar directa o indirectamente los derechos de las comunidades indígenas (tierras, agua, costumbres, religión, rutas sagradas, etc.) de conformidad con los artículos 6, 7, 15 y demás relativos al Convenio 169 de la OIT, se lleva a cabo la Consulta a las Comunidades Indígenas, a efecto de recabar el acuerdo o en su caso el consentimiento previo, libre e informado (dependiendo del grado de afectación) respecto del proyecto sometido a evaluación. Si el tiempo de evaluación no fuera suficiente para desahogar la consulta a las comunidades indígenas (60 o hasta 120 días hábiles) se pude condicionar el proyecto para que antes de iniciar la obra o actividad pretendida, obtenga el acuerdo o consentimiento previo libre e informado.

Asimismo, si bien en los acuerdos internacionales sobre inversión vigentes no se ha incorporado el elemento de los derechos humanos, el modelo de texto de México en estos acuerdos está en proceso de revisión este año. El elemento del impacto de las inversiones extranjeras en los derechos humanos es uno de los puntos que deberá estudiarse con todo cuidado como parte de la revisión referida.

Por otra parte, respecto de la promoción de la inversión para el sector minero que realiza el gobierno mexicano a través de la CGM, se lleva a cabo exhortando a los interesados a cumplir con los principios de la Responsabilidad Social Empresarial, el cumplimiento de las leyes y desde luego el respeto por los derechos humanos.

Lo anterior se respalda con el artículo 27 fracción IV y el 37 fracción II de la Ley Minera, referente a que las empresas del sector deberán sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables en materia de seguridad, seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente.

Toda actividad de aprovechamiento de los recursos naturales conlleva: Al apego irrestricto de las disposiciones enmarcadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen; los reglamentos de estas leyes y la normatividad establecida. (Incluyen los temas laboral, ambiental, seguridad, etc.) y por consiguiente, las empresas que se dedican a la industria extractiva en especial la minero-metalúrgica, tienen que cumplir también la obligación de observar absolutamente en todo con lo establecido por los Derechos Humanos.

Salud Ambiental.- porque el artículo 11, fracción X de la LESS, establece como una de las prácticas de los OSSE la “protección del medio ambiente”

¿Su gobierno ha adoptado un Plan de Acción Nacional sobre las empresas y los derechos humanos como lo recomienda el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, o lo hará en el futuro?

De conformidad con lo señalado en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal emprenderán las acciones que en el ámbito de su competencia sean viables para dar cumplimiento al mismo.

Cabe señalar que el Programa antes indicado establece que se buscará tener mecanismos de colaboración que involucren a los tres poderes y a los órganos autónomos, así como con la sociedad civil.

La Secretaría de Economía, en el contexto del Eje México Próspero del PND y en concordancia con el PRODEINN, tiene la encomienda de articular una política industrial que, transversalmente con otros programas, contribuya a proteger, respetar y remediar los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos.

Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 dispone entre otros puntos, en su Objetivo 4.4. “Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, y en su Estrategia 4.4.1. establece que se deberá: “Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad”. Dentro de esta estrategia encontramos en su segundo punto de sus Líneas de Acción: “Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales”.

Asimismo, como antes señalado, el Programa Nacional de Derechos Humanos, cuyo cuarto objetivo es “Fortalecer la protección de los derechos humanos”, en donde se incluyó una estrategia para promover el enfoque de derechos humanos y género en el sector privado, así como en las políticas y actividades empresariales.

Por su parte, el conjunto de objetivos sectoriales, estrategias y metas del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, establece dentro de su Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos de inversión que cumplan con criterios de sustentabilidad; disponiendo en su Línea de Acción 1.2.2 Modernizar el proceso de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental con criterios de adaptación y mitigación al cambio climático. Asimismo, en su Estrategia 2.1 establece Incrementar la resiliencia ecosistémica y disminuir la vulnerabilidad de la población, infraestructura y servicios al cambio climático; y en su Línea de Acción dispone 2.1.1 Promover la incorporación de criterios de cambio climático en los programas de ordenamiento ecológico y otros instrumentos de planeación territorial.

¿Qué pasos se han dado para desarrollar nuevos mecanismos de reparación judiciales o administrativos o para limitar los obstáculos que presentan actualmente los mecanismos de reparación para las víctimas?

La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, establece lo siguiente en relación con la asistencia en general a violaciones de derechos humanos:

Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona. La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XIX. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público.

De conformidad con lo anterior en ciertas circunstancias, se prevé la reparación del daño cuando la violación a derechos humanos haya sido cometida por un particular que ejerza funciones públicas.

¿Qué pasos se han dado para desarrollar mecanismos extrajudiciales, mejorar los mecanismos actuales, y reducir los obstáculos para las víctimas?

Una de las actividades del PNC es contribuir a la resolución de asuntos relacionados por las supuestas violaciones en la implementación de las Directrices por parte de una empresa multinacional. Cualquier persona, organización o empresa que se sienta afectada puede presentar el caso ante el PNC de México, con el fin de encontrar una solución a su inconformidad. A este procedimiento se le conoce como Instancia Específica.

Una instancia específica es el procedimiento por el cual una o varias partes interesadas solicitan los buenos oficios del PNC para la resolución de cuestiones que puedan surgir con relación a posibles violaciones en la implementación de las Directrices por parte de la empresa multinacional.

Al tratarse de una mediación, la instancia específica se convierte en un procedimiento amigable, rápido y eficaz, que promueve el intercambio de opiniones e ideas, así como la comprensión y la reconciliación de las partes en beneficio de todos.

Las etapas que constituyen a las Instancias Específicas son:

  • Etapa 1.- Evaluación Inicial, en la cual se determina si la cuestión presentada es de buena fe, si se encuentra relacionada con las Directrices y si existen elementos que permitan presumir que el asunto merece mayor consideración, valorando si el ofrecimiento de buenos oficios implicará un aporte positivo para la resolución de las cuestiones que se hubieran suscitado y no generará un perjuicio grave para alguna de las partes involucradas en otros procesos no derivará en una situación de desacato contra un Tribunal. Duración Aproximada: Tres meses.
  • Etapa 2.- Si la solicitud es admitida, el PNC ofrece sus buenos oficios con el fin de contribuir a la solución del conflicto. Ello podría incluir una solicitud de asesoramiento por parte de las autoridades pertinentes, así como a representantes del sector empresarial, organizaciones laborales, otras organizaciones no gubernamentales expertos. Duración Aproximada: Seis meses.
  • Etapa 3.- Una vez concluida la mediación y el diálogo entre las partes (si es que éstas hubieran estado de acuerdo con la realización del mismo), el PNC emite una declaración escrita señalando los resultados del proceso y, en su caso, los acuerdos alcanzados, salvaguardando la información sensible y/o confidencial aportada por cada una de las Partes.

La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado con funciones de autoridad administrativa. Está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los derechos humanos reconocidos para los consumidores (art. 20, Ley Federal de Protección al Consumidor). Esta Procuraduría cuenta con una Dirección General de Quejas y Conciliación, es la encargada de coordinar, acordar y concertar acuerdos y acciones de protección al consumidor, así como para solucionar en forma expedita las reclamaciones de los consumidores con proveedores y sus organizaciones, y con instituciones y organizaciones de los sectores público, social y privado.

Para las empresas que tengan casa matriz en su país o sus subsidiarias ¿su gobierno ha dado pasos para mejorar la rendición de cuentas sobre el impacto en derechos humanos en el exterior? 

Las Directrices, en su capítulo III (Divulgación de información), mencionan que las empresas deberán garantizar, en los plazos oportunos, de información exacta sobre todos los aspectos significativos de sus actividades, estructuras, situación financiera, resultados, accionistas y sistemas de gobierno corporativo.

Asimismo, se alienta a las empresas a divulgar información adicional sobre declaraciones de principios o de normas de conductas diseñadas para su divulgación pública, información acerca de sus políticas en relación con los temas contemplados en las Directrices, los cuales incluyen instrumentos en materia de Derechos Humanos.

Cuando algún proyecto es autorizado en materia de impacto y riesgo ambiental, se condiciona al promovente a presentar informes de cumplimiento de condicionantes (programas de: reforestación, de ahuyentamiento de fauna, seguimiento ambiental, indicadores de agua, suelo, aire, etc.), respecto de la ejecución del proyecto, mismos que harán de conocimiento a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, so pena de aplicación de un procedimiento administrativo sancionatorio, civil o penal.

El artículo 4º del Código Penal Federal establece que los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero contra mexicanos, pueden ser penados en la República mexicana según las leyes federales si se cumplen los siguientes requisitos: i) el acusado se encuentra en México; ii) el acusado no ha sido definitivamente juzgado en el país en el que delinquió; y iii) la infracción de la que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en que se ejecutó y en México.

Indique hasta qué punto cada uno de los siguientes factores le impide a su gobierno emprender acciones en temas de empresas y derechos humanos.

No se considera como factor:

  • Preocupación sobre la des-incentivación de inversión extranjera
  • Falta de entendimiento o concienciación sobre el tema de las empresas y los derechos humanos
  • Otros

¿Qué tipo de apoyo, si lo hay, su gobierno acogería con agrado como apoyo a sus acciones para mejorar el impacto que tienen las empresas sobre los derechos humanos?

Sería conveniente la creación de talleres y seminarios en materia de derechos humanos que impliquen la participación activa del sector público, privado y social. Asimismo, sería conveniente fortalecer las campañas de concientización de la población en materias de responsabilidad social empresarial, incluyendo temas de Derechos Humanos, particularmente dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo el INAES, por mandato de la Ley de la Economía Social y Solidaria apoya a los OSSE, los cuales al ser un tipo de empresas sujetas al respeto de ciertos fines, principios, valores y prácticas (Artículo 8,9, 10 y 11 de la LESS), sus actividades no se ven como amenazas a los derechos humanos, sino al contrario, coadyuvan a que se concreten ciertos derechos sociales y económicos relacionados con una vida digna y una actividad remunerada.

Por favor, comparta con nosotros cualquier comentario adicional, incluyendo ideas sobre formas de colaboración futuras y aprendizaje compartido para promover el tema de las empresas y los derechos humanos.

Cabe señalar que de acuerdo al Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y la alineación correspondiente con el Programa de Desarrollo Innovador de la Secretaría de Economía, la Coordinación General de Minería a través de la Dirección General de Regulación Minera, se vincula al objetivo 4.4.4 “Promover que la legislación que regula a las empresas garantice el respeto a los derechos humanos”. Por su parte, el objetivo 4 del PRODEINN está alineado con el objetivo 4 del PRODEMIN (Programa de Desarrollo Minero) 2013-2018 que corresponde a “Modernizar la normatividad institucional para el sector y mejorar los procesos de atención a trámites relacionados con las concesiones mineras”.