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Departamento encuestado: Office of Human Rights, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation

Note: This response was originally submitted in Spanish.  Unofficial English translation provided by Business & Human Rights Resource Centre.

Response to the UN Working Group surveys on implementation of the Guiding Principles

¿Su gobierno ha adoptado alguna iniciativa para reducir los impactos negativos de las empresas en los derechos humanos que usted considere particularmente exitosa? Por favor indique uno o más ejemplos al respecto.

  • La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), ha diseñado un ‘Protocolo para la gestión Alianzas Público- Privadas para el Desarrollo’ con un enfoque de derechos humanos al que se incorporan una serie de criterios excluyentes y otros valorativos en relación con las empresas socias o participantes. Entre los criterios excluyentes se incluyen: la utilización directa o indirecta de trabajo infantil, de trabajo forzado o en régimen de esclavitud; las prácticas antisindicales; las actuaciones tipificadas como soborno y corrupción; o las actuaciones contra el medio ambiente. Por lo que se refiere a los criterios valorativos, se valorará muy positivamente la adhesión por parte de las empresas a los siguientes principios y directrices reconocidos internacionalmente: convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabjo (OIT); líneas Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales; 10 Principios de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; Norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social de las Empresas; Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT; Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; y que la empresa presente una memoria de sostenibilidad  e informes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
  • En 2014 la AECID ha lanzado una convocatoria de subvenciones de Acciones de Cooperación para el Desarrollo para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo, abierta a todos los actores y también al sector privado empresarial. En la convocatoria se financian proyectos que impulsen, en los países socios de la cooperación española, soluciones innovadoras, ya desarrolladas y testadas a nivel piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la viabilidad de su replicabilidad a mayor escala y su potencial impacto positivo en las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas a nivel socio-económico de la base de la pirámide, respecto a problemas económicos, medioambientales y sociales del desarrollo, desde una visión multidisciplinar, más allá del ámbito meramente tecnológico. De conformidad con la convocatoria: “ en el marco de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo, impulsado por la OCDE, los adjudicatarios vendrán obligados a respetar las normas y directrices en materia de derechos humanos, igualdad de género, responsabilidad social corporativa, los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas, los Convenios de la Organización Internacional de Trabajo sobre trabajo decente y el Convenio para Combatir la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Económicas Internacionales. En consecuencia:

1. No realizarán ni financiarán ninguna actuación que comporte un riesgo inaceptable de contribuir o ser cómplice de actuaciones u omisiones que vulneren estos principios, tales como violaciones de derechos humanos, corrupción, daños medioambientales y sociales.  

2. No ofrecerán ni darán a un tercero, ni pretenderán, ni aceptarán, ni harán que se prometa directa o indirectamente para sí o para otra parte ningún donativo o pago, contraprestación o ventaja de ninguna clase que se considere o pueda considerarse como una práctica ilegal y corrupta.”

  • El pasado 24 de octubre el Gobierno de España aprobó la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, impulsada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La elaboración de la Estrategia y del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH), pendiente de aprobación, se ha hecho de forma coordinada. La Estrategia se refiere así al respeto y  a la protección de los Derechos Humanos en toda la cadena de valor; especialmente en el ámbito internacional, las empresas deben colaborar para garantizar el respeto de los Derechos Humanos en su esfera de influencia, poniendo especial atención en aquellos entornos en los que no existan garantías suficientes en relación al respeto y protección de los mismos.

¿Qué departamento o departamentos tienen una responsabilidad significativa respecto a las empresas y los derechos humanos dentro de su gobierno?

  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
  • Ministerio de Justicia * Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
  • Ministerio de Empleo y Seguridad Social * Ministerio de Industria, Energía y Turismo
  • Ministerio de Economía y Competitividad. La Dirección General de Comercio e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio es el Punto Nacional de Contacto de las “Líneas Directrices de la OCDE”.
  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El borrador de PNEDH contempla la creación de una Comisión de Seguimiento en la que estarán representados los diferentes departamentos con competencias en materia de empresas y derechos humanos.

¿Su gobierno ha promovido nuevas iniciativas en el tema de empresas y derechos humanos, o ha fortalecido las ya existentes, desde la aprobación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en junio de 2011?

Sí.

¿Cuáles son los cinco principales temas de derechos humanos en los que las pueden tener impacto, sobre los que su gobierno ha tomado medidas?

  • Trabajo forzoso y trata de personas
  • Discriminación  
  • Acoso Sexual  
  • Derechos de las mujeres
  • Otro: Acceso a la Justicia

Medidas en materia de trabajo forzoso y trata de personas

El Gobierno español tiene en marcha una reforma destinada a mejorar los procedimientos de identificación de las víctimas y la atención de las necesidades especiales de los niños y niñas víctimas de trata.  La Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, modificó el artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, con el objetivo de mejorar la protección de posibles víctimas de trata extranjeras que se encuentran en situación irregular, así como facilitar que cooperen con las autoridades en la investigación de estos delitos17.  El Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos, de 28 de octubre de 2011.

Medidas en materia de discriminación

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en el marco del Convenio de colaboración celebrado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación para la Diversidad, con el fin de otorgar difusión, promocionar y contribuir a la mayor implantación del Charter de la Diversidad, está impulsando la recopilación de buenas prácticas empresariales en materia de gestión de la diversidad. Este proceso culminará en un acto público de reconocimiento a las mejores prácticas identificadas, así como en la elaboración de una recopilación de las mismas con fines de difusión y transferencia de buenas prácticas.

Un servicio de atención a las Víctimas de Discriminación por el Origen Racial o Étnico ( www.asistenciavictimasdiscriminacion.org) ha sido desarrollado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  Si bien este servicio no está circunscrito al ámbito empresarial, sí recibe con frecuencia reclamaciones y asiste a potenciales víctimas de discriminación en el ámbito del empleo, por lo que realiza un indudable papel en relación con el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. El servicio es desarrollado por una red de organizaciones no gubernamentales con conocimiento experto en materia de igualdad de trato y no discriminación y con oficinas distribuidas por el conjunto del territorio español, a fin de garantizar la máxima accesibilidad para cualquier víctima de discriminación racial o étnica que reclame su asistencia.

Desde 2011 se han producido numerosas mejoras legislativas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se han aprobado, entre otras normas, el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social; la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que modifica la Ley General de la Seguridad Social en lo que respecta a los beneficios sociales y económicos de las mujeres; se ha modificado el Texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con el fin de eliminar las diferencias en función del sexo en las primas y prestaciones de seguros; la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que establece entre sus objetivos generales promover la inclusión de la perspectiva de género como categoría transversal en este campo; o la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que mantiene ayudas cualificadas para facilitar la contratación de mujeres.

El Gobierno ha aprobado también un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 en el cual se han definido los objetivos y medidas prioritarios para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que puedan persistir y para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Para facilitar el desarrollo del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la utilización de las medidas y los planes de igualdad en las empresas previstos legalmente, se cuenta, por una parte, con  instrumentos de orientación y apoyo técnico a las empresas a través de la web institucional www.igualdadenlaempresa.es y, por otra, con incentivos para apoyar la elaboración e implantación de planes de igualdad de forma voluntaria en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), mediante convocatorias anuales de subvenciones.

Para reconocer a aquellas empresas que destacan en su aplicación de políticas de igualdad entre sus trabajadoras y trabajadores, se ha puesto en marcha el Distintivo “Igualdad en la Empresa”. Para recopilar y visibilizar buenas prácticas que puedan servir a otras empresas se inauguró en junio de 2013, la red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa”.

El Acuerdo del Consejo de Ministros del 21-6-2013, por el que se aprueban medidas para la reducción de las cargas administrativas y mejora de la regulación, recoge varias medidas para poner a disposición de las empresas, entre ellas, las siguientes: una herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial de género que permita detectar y corregir desigualdades salariales entre mujeres y hombres  y un servicio de asesoramiento técnico en línea a las empresas para apoyar el diseño y elaboración de medidas y planes de igualdad.

El 8 de julio de 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social suscribieron un Convenio de colaboración para la vigilancia permanente en las empresas de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Este Convenio tiene por objeto articular la colaboración entre ambos departamentos ministeriales para establecer los mecanismos necesarios que permitan mantener, promover e impulsar el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre obligaciones empresariales dirigidas a conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a prevenir y evitar la discriminación por razón de sexo en las empresas, y el acoso sexual y por razón de género.  

Medidas en materia de acoso sexual

El Acuerdo del Consejo de Ministros del 21-6-2013, por el que se aprueban medidas para la reducción de las cargas administrativas y mejora de la regulación, incluye entre las medidas que contempla poner a disposición de las empresas un manual de referencia para la elaboración de un protocolo para la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo.

El Convenio de colaboración para la vigilancia permanente en las empresas de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, suscrito el 8 de julio de 2013 entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tiene por objeto articular la colaboración entre ambos departamentos ministeriales también para establecer los mecanismos necesarios que permitan mantener, promover e impulsar el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre obligaciones empresariales dirigidas a prevenir y evitar el acoso sexual y por razón de género.  

Medidas en materia de mujeres

El 19 de junio de 2012 se puso en marcha por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”  mediante la firma de convenios de colaboración con grandes empresas de ámbito nacional y en distintos sectores de actividad en materia de sensibilización y/o integración social y laboral de mujeres que sufren violencia de género y, cuando la situación así lo requiera, facilitar su movilidad geográfica. También el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad suscribe convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, para facilitar la intermediación laboral entre las empresas y las mujeres víctimas de violencia de género.

Con el objetivo de lograr la implicación de todos los agentes sociales en el logro de una sociedad libre de violencia de género, las empresas son esenciales, por su capacidad de impacto y sensibilización entre empleados y clientes y su asistencia a las mujeres que han sufrido malos tratos.

Actualmente, participan en la iniciativa 56 empresas privadas, 6 empresas públicas y dos entidades colaboradoras: Cruz Roja y Fundación Integra.  

En el ámbito de la sensibilización las empresas han llevado a cabo más de 50 actuaciones dirigidas a conseguir una mayor concienciación social y la implicación de toda la ciudadanía en el logro de una sociedad libre de violencia de género.

En el ámbito de la inserción laboral de las mujeres que sufren violencia de género, en el primer semestre de 2014 se han firmado 447 contratos con 326 mujeres contratadas. Por lo tanto, desde el inicio del programa hasta la actualidad ha habido 1.873 contratos.  

Otras medidas

Con el objetivo de modernizar el sistema judicial y dotarlo de una mayor eficacia, agilizando los tiempos de respuesta judicial, se aprobó el Plan de Acción de la Secretaría General de la Administración de Justicia 2012-2014, que persigue una modificación estructural de la Administración. Para reforzar la formación en este ámbito se elabora anualmente un Plan de Formación Continua en el Centro de Estudios Jurídicos al que acceden miembros de la Carrera Fiscal y de los cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así como los Abogados del Estado. El 5 de julio de 2011 se aprobó la Ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia cuyo objetivo es facilitar la relación de los ciudadanos y los profesionales con la Administración de Justicia.

¿Su gobierno ha adoptado un Plan de Acción Nacional sobre las empresas y los derechos humanos como lo recomienda el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, o lo hará en el futuro?

Desde 2012 se ha trabajado en la elaboración del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH), que se encuentra en la última fase de tramitación, previa a su elevación al Consejo de Ministros para aprobación. El PNEDH desarrolla uno por uno los  Principios Rectores basados en el  Marco de Naciones Unidas  “proteger, respetar  y  remediar”.

El 24 de octubre de 2014 el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, que tiene un enfoque de derechos humanos.

Si su gobierno ha adoptado un Plan Nacional de Acción o está planeando adoptar uno, por favor destaque si hace referencia a las normas internacionales de derechos humanos y si se adoptaron bajo consulta con las partes interesadas y afectadas.

El proyecto de PNEDH hace referencia a las normas internacionales de derechos humanos y, en concreto, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Carta Internacional de Derechos Humanos), a los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo de la OIT, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (OIT), las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y los principios del Pacto Global de Naciones Unidas y otros instrumentos establecidos en el marco de las Naciones Unidas.  

El PNEDH fue elaborado a través de un proceso transparente y abierto a todos los actores implicados (empresas, sociedad civil y administración pública). En este sentido, se han celebrado decenas de reuniones intersectoriales dirigidas a acercar posiciones y generar consenso, a las que han asistido un centenar de representantes provenientes del gobierno, sociedad civil y empresas.  

¿Qué pasos se han dado para desarrollar nuevos mecanismos de reparación judiciales o administrativos o para limitar los obstáculos que presentan actualmente los mecanismos de reparación para las víctimas?

El Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, que modifica el sistema de asistencia jurídica gratuita, reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, entre otros, en los siguientes casos:

“Artículo 2. Ámbito personal de aplicación.

En los términos y con el alcance previstos en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita: ….

d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales …

g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

El proyecto de ley orgánica del Estatuto de la Víctima del delito, catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas del delito, regula los servicios de justicia restaurativa orientados a la reparación material y moral de la víctima, incluida la mediación.

El PNEDH, en elaboración, prevé el desarrollo de los siguientes mecanismos:

- MEDIDA 31: “Se elaborará (…) un informe en consonancia con las Medidas 2, 5 y 6 sobre las posibilidades de desarrollar mecanismos judiciales de reparación de abusos cometidos, en cumplimiento con los Principios Rectores. Se estudiarán los mecanismos jurídicos que prevean la responsabilidad civil contra una empresa por causar un daño o perjuicio sobre los derechos humanos, incluidos los actos derivados de no actuar con la debida diligencia para prevenir tales daños causados por su propia conducta o por sus empleados o agentes, o por las empresas pertenecientes al grupo. Se llevará a cabo una revisión de la normativa vigente para identificar y eliminar obstáculos, legales o prácticos a las reclamaciones de responsabilidad de las empresas por vulneración de derechos humanos o daños al medio ambiente en sus actividades y se evaluará la imparcialidad, integridad y capacidad de hacer respetar las debidas garantías procesales de los mecanismos existentes”.  

- MEDIDA 32: “El Gobierno desarrollará los instrumentos necesarios para que los ciudadanos en general, los consumidores y las partes interesadas, conozcan y comprendan los mecanismos de reclamación estatales y alternativos, y tengan acceso a los mismos, eliminando cualquier obstáculo de acceso a la información cultural, social, físico o financiero. Para ello, se realizará un Mapa de los recursos existentes en materia de asistencia jurídica”.  

¿Qué pasos se han dado para desarrollar mecanismos extrajudiciales, mejorar los mecanismos actuales, y reducir los obstáculos para las víctimas?

Las Administraciones Públicas españolas tienen habilitado un sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresas. Ello está regulado principalmente por los artículos  57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y el Real Decreto 231/2008 , de 15 de febrero, por el que regula el Sistema Arbitral de Consumo.  

En relación con los conflictos laborales, desde 1996 el Estado español cuenta con un Acuerdo Nacional de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (los llamados ASEC I, II, III y IV), firmados por los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos.  Además de ello, todas las Comunidades Autónomas en España han adoptado un Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales.

En el ámbito de la mediación penal, esta puede ser solicitada por cualquier persona que sea víctima o aparezca como imputada en un proceso penal, pero deberá ser acordada por el/la Juez encargado de la instrucción (o ejecución) del mismo y contar con la aprobación de la Fiscalía. El proceso de mediación tiene que ser aceptado por ambas partes.

En relación al desarrollo de mecanismos extrajudiciales el proyecto de PNEDH prevé:  

- “MEDIDA 33: El Gobierno implementará un mecanismo (o mecanismos) de concertación y de reclamación extrajudicial destinado(s) a la recepción de quejas y a la mediación entre las partes de acuerdo con los criterios establecidos en el Principio nº. 31, con capacidad para investigar y autoridad para poner en práctica, si fuera necesario, la reparación, estableciendo criterios de accesibilidad para garantizar que el mismo sea accesible para los colectivos en situación de vulnerabilidad. La Comisión de Seguimiento realizará un estudio a tal efecto. Tras un análisis exhaustivo del cuerpo normativo vigente y de los mecanismos existentes así como de las posibles necesidades de las partes manifestadas, y tomando en consideración las recomendaciones del estudio realizado, este grupo de trabajo podrá recomendar la ampliación del mandato de los mecanismos extrajudiciales existentes o la creación de nuevos mecanismos un año tras la aprobación de este Plan, facilitando asimismo a la Comisión de Seguimiento un calendario y una asignación de responsabilidades para su puesta en práctica”.  

- MEDIDA 34: “Se oficializará y dotará de recursos suficientes (financiera y técnicamente) al Punto Nacional de Contacto Español de las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales y se tendrán en cuenta las reformas e iniciativas que han desarrollado otros puntos de contacto en los últimos años, para permitir que éste pueda desempeñar correctamente la doble misión que tiene encomendada: difundir las Líneas Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales entre el tejido empresarial español y contribuir a resolver posibles casos de incumplimiento de las mismas por las empresas.”  

- MEDIDA 35: “El Gobierno pondrá en práctica tareas de coordinación con las Organizaciones Financieras Internacionales respecto de los mecanismos de reparación no judicial existentes o la necesidad de su definición e implementación. Asimismo el Gobierno fijará los criterios de transparencia e información pública pre y post resolución de los casos atendidos y establecerá un programa de seguimiento y cumplimiento de las resoluciones o acuerdos que pongan fin a los conflictos”.

Para las empresas que tengan casa matriz en su país o sus subsidiarias ¿su gobierno ha dado pasos para mejorar la rendición de cuentas sobre el impacto en derechos humanos en el exterior? 

La Ley orgánica 1/2014, de 13 de marzo, relativa a la justicia universal, modificó el artículo 23.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial en materia de extensión y límites de la jurisdicción. Los Tribunales penales españoles conocerán de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como algunos de los delitos que se enumeran en dicha disposición, que incluye las violaciones más graves de los derechos humanos, cuando se cumplan las condiciones expresadas en la misma..

Además, la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal introdujo un nuevo artículo (art. 31 bis) sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

Asimismo, el artículo 116 del Código Penal configura la responsabilidad civil de las personas jurídicas.

Indique hasta qué punto cada uno de los siguientes factores le impide a su gobierno emprender acciones en temas de empresas y derechos humanos.

Factor más importante:

⦁ Falta de entendimiento o concienciación sobre el tema de las empresas y los derechos humanos

Factor significativo:

⦁ Retos de coordinación entre los diferentes departamentos gubernamentales

Factor menor:

⦁ Faltan recursos para la supervisión, aplicación y prosecución.  

⦁ Oposición o falta de consenso dentro del gobierno.

⦁ Oposición de grupos económicos de interés o asociaciones empresariales.

⦁ Otra oposición por parte de personas influyentes o grupos externos al gobierno

No se considera como factor:

⦁ Limitaciones políticas impuestas por gobiernos extranjeros o instituciones multilaterales

⦁ Preocupación sobre la des-incentivación de inversión extranjera

¿Qué tipo de apoyo, si lo hay, su gobierno acogería con agrado como apoyo a sus acciones para mejorar el impacto que tienen las empresas sobre los derechos humanos?

Fortalecimiento de capacidades y aprendizaje colaborativo con otros Estados.