Mientras la Comisión de Derechos Humanos del departamento de Ica denunciaba las protestas de personas trabajadoras de la industria agropecuaria, en tiempos de coronavirus, en la ciudad de Arequipa el gobierno anunciaba multas para los empleadores que no protegieran a sus empleados y empleadas con las medidas de aislamiento, pero manteniendo sus empleos.