Perfil de las demandas judiciales contra Chiquita por actividades en Colombia

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En marzo de 2007, la multinacional Chiquita admitió haber hecho contribuciones a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar clasificado como terrorista por el gobierno de los Estados Unidos, entre los años de 1997 y 2004. Chiquita llegó a un acuerdo frente a una denuncia penal hecha por el gobierno de los Estados Unidos en ese momento, y accedió a pagar una multa de 25 millones de dólares.

En Julio de 2007, un grupo de colombianos interpuso una demanda en contra de Chiquita, amparada en la Ley de Agravios contra Extranjeros (“Alien Tort Claims Act”, ATCA) en un Tribunal Federal en Nueva Jersey. Los demandantes son familiares de sindicalistas, trabajadores bananeros, organizadores políticos, activistas sociales y otras personas que en Colombia fueron declarados objetivo militar y posteriormente asesinados por paramilitares en la década de los años 90 y hasta el año 2004. Los demandantes afirman que los fondos que Chiquita pagó a las organizaciones paramilitares colombianas durante este periodo significaron que la compañía fuera cómplice de asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en la zona bananera colombiana donde operaba Chiquita.

Las familias de otras personas, que presuntamente también habían sido asesinadas por los grupos paramilitares colombianos que recibieron pagos por parte de Chiquita, interpusieron demandas similares en contra de la compañía en otros tribunales federales estadounidenses:

- En el Distrito de Columbia, el 7 de junio de 2007
- En Florida, en junio de 2007
- En Nueva York, el 14 de noviembre de 2007

En febrero de 2008, el Panel de Litigios multidistrital de los Estados Unidos (“US Multidistrict Litigation Panel”) consolidó dichas demandas en una sola para que se llevaran a cabo en un tribunal federal en la Florida.

En su informe anual presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (“US Securities and Exchange Commission”) en febrero de 2008, Chiquita señalaba que: “La empresa cree que las denuncias de los demandantes no tienen mérito y que se defiende enérgicamente en contra de las mismas”.

En marzo 11 de 2008, se presentó una nueva demanda en Nueva York en contra de Chiquita por parte de las familias de cinco misioneros que presuntamente habían sido asesinados por combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). acuerdo con el gobierno estadounidense de admisión de culpabilidad a cambio de remover ciertos cargos contra la empresa, respecto a los pagos hechos a las AUC, Chiquita admitió que también había hecho pagos a las FARC. Los demandantes aleganque los pagos hechos por Chiquita a las FARC (así como también el apoyo material por parte de la empresa) apoyaron actos terroristas que subsecuentemente contribuyeron a las muertes de los cinco misioneros. El 4 de febrero de 2010, el Juez del Distrito, Kenneth Marra, ratificó cinco de las demandas y desestimó 19. El gobierno de los Estados Unidos incluyó a las FARC en la lista de grupos terroristas.

En marzo de 2011, dos nuevas demandas en contra de Chiquita se presentaron en Washington en representación de las familias de 931 personas, que presuntamente fueron asesinadas por las FARC y las AUC entre 1990 y 2004. En respuesta a las demandas, Chiquita comentó que la empresa y sus empleados fueron víctimas de dichos grupos y que, por lo tanto, no debería responsabilizársele de crímenes cometidos por las FARC y las AUC.

En abril de 2011, el Archivo de Seguridad Nacional (National Security Archive, NSA), un grupo de investigación independiente, publicó documentos internos de Chiquita, obtenidos del Departamento de Justicia, usando la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act). Dichos documentos parecen contradecir las afirmaciones de la empresa en cuanto a que los pagos hechos a las FARC y a las AUC representaban dinero de “protección” y que Chiquita nunca recibió ningún tipo de servicio a cambio.

En mayo de 2011, las nuevas demandas se consolidaron en una solo demanda, junto con otras denuncias más en contra de la empresa, que en total representan más de 4.000 asesinatos de personas colombianas. El 3 de junio de 2011, la Corte le negó a Chiquita su petición de desestimar todas las demandas amparadas por la Ley de Agravios contra Extranjeros  y la Ley de Protección a las Víctimas de Torturas (Torture Victim Protection Act). El juez del distrito, Kenneth Marra, dictaminó que los demandantes podían proceder con sus demandas en contra de Chiquita alegando tortura, asesinatos extrajudiciales, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Este juez también rechazó el argumento de Chiquita de que el caso debería ser desestimado, porque podría tener implicaciones de política exterior. El 27 de marzo de 2012, el juez dictaminó que la Corte podía considerar las demandas que se basan en las leyes colombianas. Chiquita apeló esta decisión y el 24 de julio la Corte de Apelaciones del 11 Circuito decidió que no tenía jurisdicción sobre este caso. 

En junio 2016, un juez estadounidense permitió a unas víctimas colombianas de asesinatos por paramilitares, avanzar con su demanda en contra de antiguos ejecutivos de Chiquita, con base en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (Torture Victim Protection Act).

En marzo 2017, más de 200 familiares de personas asesinadas por grupos paramilitares presentaron una demanda colectiva en una corte de los Estados Unidos en contra de los ejecutivos de Chiquita, alegando que éstos hicieron pagos a los paramilitares, en contravención con la Ley de Agravios en el Extranjeros (Alien Tort Claims Act), la Ley de protección a víctimas de  tortura y el derecho internacional consuetudinario.

En febrero de 2018, al menos dos de las familias de seis norteamericanos pertenecientes a las Nuevas Tribus, una denominación religiosa neopentecostal de los Estados Unidos, que fueron secuestrados y asesinados por las FARC en la década de los noventa, llegaron a un acuerdo con Chiquita en una Corte de la Florida, dado que el juez sentenció que la empresa fue responsable, bajo la Ley Antiterrorista, de financiar a esa guerrilla (además de a los paramilitares de derecha).

Chiquita llega a un acuerdo para reparar a las familias de misioneros de Estados Unidos secuestrados y asesinados por las guerrillas en los noventa. EFE, El Tiempo (Colombia), 5 de febrero de 2018

-Corte en EE.UU. rechaza demandas de más de 4,000 colombianos contra Chiquita por supuesta responsabilidad en muerte de familiares, Portafolio.com (Colombia), 25 July 2014
- [radio] Lawsuit alleges Chiquita responsible for the deaths of thousands of Colombian civilians - Part 1: The plaintiffs, Worldview, 21 Jul 2011
- [radio] Lawsuit alleges Chiquita responsible for the deaths of thousands of Colombian civilians - Part 2: The defense, Worldview, 21 Jul 2011
Un juez de Miama admite la demanda interpuesta contra la empresa Chiquita, Rui Ferreira, el Mundo, 3 junio 2011 
Demanden a Chiquita Brands por presuntos nexos con Farc y 'paras', el Espectador, 22 marzo 2011
Chiquita Brands quiere anular demanda por muertes en Colombia, Semana, 28 febrero 2009
Una bananera de EEUU, demanda por la muerte de misioneros a manos de las FARC, Reuters, 13 marzo 2008
Victims of Colombian Conflict Sue Chiquita Brands, Associated Press, 15 Nov 2007
The Banana War, Kevin Gray, Portfolio.com, 17 Sep 2007
Chiquita: $25M fine for terror payments, CNN.com, 11 Sep 2007
Chiquita sued over paramilitary deaths in Colombia, Reuters, 14 Jun 2007
Millonaria demanda a Chiquita en E.U. por víctimas de paras y Farc, el Tiempo, 7 junio 2007

 

 - Chiquita: Chiquita Statement on Agreement with U.S. Department of Justice, 14 Mar 2007

- US Department of Justice: Chiquita Brands International Pleads Guilty to Making Payments to a Designated Terrorist Organization And Agrees to Pay $25 Million Fine, 19 Mar 2007

- Terry Collingsworth [plaintiffs’ counsel]: Abogado de demandantes colombianos en caso contra Chiquita critica la decisión de falta de jurisdicción de la Corte de EE.UU., Terry Collingsworth,  30 Julio 2014. 

 - Earthrights International [plaintiffs’ counsel]: Doe v. Chiquita Brands International, Case summary

- Earthrights International, Cohen Milstein Sellers & Toll: Victims of Colombian Atrocities Win Right to Sue Chiquita for Complicity Under Colombian Law, 27 Mar 2012
- Earthrights International, Cohen Milstein Sellers & Toll: [PDF] Federal Court rejects Chiquita's effort to dismiss human rights class-action suit, 3 Jun 2011

- [PDF] Doe v. Chiquita Brands International - Class Action Complaint for Damages, 18 Jul 2007 [filed in US District Court for the District of New Jersey]
- United States Judicial Panel on Multidistrict Litigation: [PDF] In re: Chiquita Brands International, Inc., Alien Tort Statute and Shareholders Derivative Litigation - Transfer Order, 20 Feb 2008
- [PDF] Does 1-976 v Chiquita Brands International, Inc. - Complaint [filed in US District Court for the District of Columbia], 9 Mar 2010
- [PDF] Does 1-254 v Chiquita Brands International, Inc. - Complaint [filed in US District Court for the District of Columbia], 24 Mar 2011
- [PDF] Does 1-677 v Chiquita Brands International, Inc. - Complaint [filed in US District Court for the District of Columbia], 24 Mar 2011

- In re Chiquita Brands International, Inc., Alien Tort Statute and Shareholder Derivative Litigation:
- [PDF] Order Granting in Part and Denying in Part Plaintiffs' Motion for Reconsideration, 27 Mar 2012
- [PDF] Defendants' Memorandum in Support of Consolidated Motion to Dismiss Amended Complaints, 9 Apr 2010 
- [PDF] Plaintiffs' Supplemental Response in Opposition to Defendant's Consolidated Motion to Dismiss the Complaints, 21 May 2010 
- [PDF] Plaintiff Does 1-976' Supplemental Memorandum in Opposition to Defendant's Motion to Dismiss, 21 May 2010 
- [PDF] Valencia Plaintiffs' Separate Response in Opposition to Defendant's Motion to Dismiss Second Amended Complaint, 21 May 2010 
- [PDF] Does 1 through 254 v Chiquita Brands International - Complaint [filed in US District Court for the District of Columbia], 24 Mar 2011
- [PDF] Order of the Court denying Chiquita's motion to dismiss claims under the Alien Tort Statute and the Torture Victim Protection Act, 3 Jun 2011

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25 September 2018

Colombia: Abogado de víctimas de Chiquita espera que haya justicia en Colombia y que el caso prosiga en los Estados Unidos

Autor(a): El Espectador

Trabajo de Fiscalía pudo darse demasiado tarde”: abogado de víctimas de Chiquita Brands” 24 de septiembre de 2018

…En una decisión histórica, el pasado 31 de agosto la Fiscalía llamó a juicio a varios exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands, señalada de financiar grupos ilegales en los años 90 en la región del Urabá. Mientras esta determinación se tomaba aquí en Colombia, la justicia estadounidense ya va varios pasos por delante en este caso. A través de investigadores internacionales, informes de la OEA y hasta una Corte del Distrito de Nueva Jersey, se ha encargado de mostrar cómo, durante más de diez años, la empresa de fruta financió a grupos paramilitares, a las Farc y al Eln…Paul David Wolf, representante legal de las 2.000 familias demandantes de la empresa, habló con El Espectador sobre la pelea que han tenido que dar en los estrados judiciales internacionales para no dejar el caso en la impunidad. Para el abogado, a pesar de las múltiples acciones que se han llevado a cabo contra la multinacional, todavía hay una deuda económica y moral con las víctimas…Después de tantos años de investigaciones se lograron conformar siete grandes grupos de víctimas, incluido nuestro grupo de 2000. En total, hay dos o tres veces más casos. Todos ellos están en una Corte Federal del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos). En unos pocos meses, la fase del descubrimiento, o investigación del caso, finalizará. Los primeros juicios comenzarán en octubre de 2019, pero estos sólo abarcan algunos casos.

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Autor(a): Adriaan Alsema, Colombia Reports (Colombia)

"Colombia charges 13 former Chiquita executives over hundreds of murders", 1 Sep 2018

Colombia’s prosecution said Friday it would charge more than a dozen former executives of the popular Chiquita bananas on charges they used death squads to increase profits.  In a press statement, the prosecution said 13 former Chiquita executives, including three Americans, one Costa Rican and one Honduran...will be expected in court to respond to terrorism support charges.  The criminal charges against Chiquita are the first after more than a century of often brutal labor practices, initially under the name of the United Fruits Company.  The charges brought are only about human rights violations between 1990 and 2004 when Chiquita allegedly financed paramilitary groups through subsidiaries and death squads’ front companies in a phenomenon called “para-economics.”  Hundreds, possibly thousands of locals were murdered by paramilitary group AUC in Chiquita’s area of influence in the northwestern Uraba region...The Prosecutor General’s Office established that the payments were delivered directly and consigned to the bank accounts of an organization that was created to support the illegal armed structures of the self-defense groups (AUC).  Prosecutor General Humberto Martinez announced earlier this year he would investigate hundreds of businessmen and corporations for their participation in what has been called “para-economics.”...No Chiquita executive has ever been criminally charged in Colombia, in spite the fact the prosecution possessed hundreds of testimonies...The company would not immediately respond to the new criminal charges.

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Autor(a): Jane Musgrave, Palm Beach Post (USA)

...[B]anana giant Chiquita Brands International...settled lawsuits accusing it of being responsible for the decades-old deaths of five Central Florida missionaries and an Alabama geologist...[B]oth sides announced they had reached a confidential settlement...In the lawsuits filed in 2008, Rasco and other attorneys accused the company of violating the federal Anti-Terrorism Act by funding a Colombian rebel group that is blamed for the deaths of thousands in the war-torn country, including the missionaries and the geologist.  The act allows U.S. citizens to sue if they or their loved ones are victims of international terrorism...U.S. District Kenneth Marra paved the way for...trial by rejecting Chiquita’s claims that it was under duress when it paid roughly $220,000 to the Revolutionary Armed Forces of Colombia...Three of the missionaries...in 1993 were kidnapped...and held for $5 million ransom...[A] year later, two other New Tribes missionaries were kidnapped.  Years passed before the families learned the men had been killed.  Colombian prosecutors blamed the deaths on FARC guerrillas.  Frank Pescatore Jr. was part-owner of an...oil and gas exploration company when he was kidnapped in 1996...[H]e was fatally shot in 1997...The company also faces scores of similar lawsuits filed by the families of slain Colombian nationals...Chiquita is accused of violating the federal Alien Tort Act.  While filed in courthouses throughout the nation, the lawsuits were consolidated...so the similar accusations could be considered by one judge.

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Autor(a): Shayna Posses, Joyce Hanson & Christopher Crosby, Law 360

"7 Drop Paramilitary Funding Claims In Chiquita MDL", 9 Aug 2017

The claims brought by seven relatives of murdered hostages who accused Chiquita of being complicit in their deaths by routinely paying off the right-wing Colombian paramilitary group that killed them are being voluntarily dismissed from a sprawling multidistrict litigation…

Olimpia del Carmen Quintero Coronel, Erlenis Maria Zarza Vanegas, Ledis Maria Lobato Valiente, Jeremias Blandon Romana, Elkin Antonio Ramos, Ofelia David de Osorio and Antonio de Jesus Giraldo Jimenez were each named in separate notices of voluntary dismissal, bringing to an end their involvement in litigation…

Jack Scarola of Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley PA, who represents the plaintiffs, told Law360 on Wednesday that some of the thousands of survivors of the victims of terrorism have died over the extended period the matter has been pending and the cases on their behalf can no longer be prosecuted…

The Valencia suit — which alleged violations of the Alien Tort Statute, the Trafficking Victims Protection Act and state and Colombian tort law — was originally filed in 2008…

The case was one of nine suits involving similar claims against Chiquita brought on behalf of thousands of Colombian nationals that were centralized by the Judicial Panel on Multidistrict Litigation that year…

In late November, Chiquita and individual executives failed to persuade the Florida federal judge to dismiss the MDL based on forum non conveniens…

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Respuesta
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12 June 2017

Chiquita response

Autor(a): Chiquita

The matters alleged in this litigation were thoroughly investigated by an independent special committee.   The committee was led by the leading law firm in America for such investigations—Fried, Frank, Shriver & Johnson and its partner, Michael Bromwich, a former federal prosecutor who has investigated matters such as the bombing of Pan Am Flight 103, the conduct of Aldrich Ames and the Iran- Contra conspiracy. 

This independent committee found absolutely no evidence to suggest that either the company or its management was influenced by any motivation other than the sincere and abiding belief that payments to Colombian paramilitary groups were made under duress and were necessary to protect the lives of its employees.   A copy of the committee’s report is attached, with confidential identities redacted [see report here].

Chiquita offers its condolences to all Colombians who suffered during this regrettable period in the country’s history.  But we have been clear that, at all times, the company prioritized the safety of its employees and their families, and acted accordingly.   Once an American jury hears all of the evidence we are certain that Chiquita will be completely vindicated.

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Autor(a): teleSUR

A coalition of Colombian and international human rights groups called on the International Criminal Court on Thursday to investigate 14 former and current Chiquita executives and employees who had direct involvement in facilitating crimes against humanity by funding right-wing paramilitary organizations in Colombia between 1997 and 2004 in the midst of Colombia's bloody internal conflict…

The petition continues by accusing the suspects of being “involved in repeatedly making payments to the AUC despite their knowledge of the AUC’s involvement in murder, forced displacement, enforced disappearance, sexual violence, torture, and persecution of civilians.”

As a corporate entity, Chiquita pled guilty in a U.S. federal court in 2007 to making illegal payments totalling US$1.7 million to the AUC after a U.S. Department of Justice investigation. However, because the court only tried Chiquita as a corporate body, no individual executive or employee involved has been legally held accountable to date…

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18 May 2017

Coalición de organizaciones de derechos humanos pide a la CPI investigar el rol de ejecutivos de Chiquita en su contribución a crímenes de lesa humanidad

Autor(a): International Human Rights Clinic - Harvard Law School, FIDH y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Hoy, en nombre de las comunidades de paz de San José de Apartado, una coalición de organizaciones de derechos humanos pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigar el rol de ejecutivos de la empresa multinacional Chiquita Brands International en la contribución a crímenes de lesa humanidad. Hasta la fecha, ningún ejecutivo ha rendido cuentas, a pesar de que la empresa confesó haber entregado millones de dólares a paramilitares colombianos que mataron, violaron, y desaparecieron a civiles...

Como corporación, Chiquita ya fue declarada culpable en un tribunal federal estadounidense en 2007 por haber financiado ilegalmente a los paramilitares, pero no ha habido investigación penal en contra de los ejecutivos que supervisaron e implementaron el esquema de pagos. Y aunque el litigio civil contra los ejecutivos de Chiquita continúa en curso en los tribunales estadounidenses, no se ve un horizonte para un procesamiento penal en Estados unidos...

"Solicitamos que la CPI amplíe su examen preliminar en Colombia para incluir concretamente a los ejecutivos de Chiquita," agregó Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH...

Si las autoridades colombianas no avanzan con este caso, esta comunicación solicita que el Fiscal pida autorización formal de la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir una investigación contra los ejecutivos de Chiquita...

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Autor(a): International Human Rights Clinic at Harvard Law School, la Fédération internationale des ligues de droits de l’Homme (FIDH) et le Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Au nom des "communautés de paix" colombiennes, une coalition d'organisations de défense des droits humains a demandé aujourd'hui à la Procureure de la Cour Pénale Internationale (CPI) d'enquêter sur la complicité présumée des dirigeants de la compagnie Chiquita dans la perpétration de crimes contre l'humanité. A ce jour, aucun de ces dirigeants n'a été poursuivi, alors même que la compagnie a admise avoir versé des millions de dollars à des paramilitaires colombiens. Ceux-ci ont tué, violé, et fait disparaître des civils...

En 2007,...Chiquita avait déjà plaidé coupable devant une cour fédérale américaine pour le financement illégal de paramilitaires colombiens. Toutefois, la poursuite individuelle des dirigeants qui ont supervisé et autorisé le système de financement a toujours été éludée. Alors que le contentieux au civil est imminent devant les juridictions américaines, aucune poursuite criminelle n'est à l'ordre du jour.

« Nous demandons que la CPI étende aux officiels et dirigeants de Chiquita l'examen préliminaire qu'elle mène actuellement sur la situation en Colombie...» [a déclaré Dimitris Christopoulos, le Président de la FIDH]...

Si les autorités colombiennes n'avancent pas sur ce dossier, la Communication demande au Procureur de demander formellement l'autorisation d'ouvrir une enquête à la Chambre préliminaire de la CPI sur les crimes imputables aux dirigeants de...Chiquita...

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Autor(a): International Human Rights Clinic at Harvard Law School, International Federation for Human Rights (FIDH) & Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Today, on behalf of affected Colombian communities, a coalition of human rights groups called on the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) to investigate the complicity of executives at Chiquita Brands International in crimes against humanity. To date, no executive has been held to account despite the company's admission that it funneled millions of dollars to Colombian paramilitaries that killed, raped, and disappeared civilians...

...Chiquita...already pled guilty in a U.S. federal court in 2007 to illegally funding Colombian paramilitaries. But accountability for the executives who oversaw and authorized the payment scheme has been elusive: while civil litigation is pending in U.S. courts against Chiquita executives, no criminal prosecution is on the horizon. Colombia has not been able to get jurisdiction over them...

"We request that the ICC expands its current inquiry in Colombia to specifically include Chiquita's executives and officials," said Dimitris Christopoulos, the President of FIDH...

If Colombian authorities do not move ahead with this case, the submission asks the Prosecutor to request formal authorization from its Pre-Trial Chambers to open an investigation into Chiquita's corporate executives...

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Autor(a): Stéphanie Maupas, JusticeInfo.net

Quatorze actuels et anciens responsables de Chiquita et de son ancienne filiale, Banadex, sont visés par la plainte pour « contribution » aux crimes contre l’humanité des paramilitaires colombiens, déposée sur le bureau de Fatou Bensouda ce 18 mai. Aucun d’entre eux n’est colombien. Ils vivent, ou ont vécu aux Etats-Unis...

La Coalition formée contre Chiquita Brand International Inc. ne réclame pas à la Cour l’ouverture d’une enquête. Pas à ce stade. Elle demande l’extension de l’examen préliminaire sur les crimes commis en Colombie, ouvert par le bureau du procureur en juin 2004...

La FIDH, membre de la coalition, demande donc à la Cour de surveiller de près les procédures en Colombie et de s’assurer que les responsables de Chiquita ne restent pas impunis. Si les autorités colombiennes devaient renoncer à poursuivre les « suspects », alors la Cour pourrait mener sa propre enquête et juger dans ses murs, estiment les plaignants. Pour eux, les responsables de Chiquita auraient « supervisé et autorisé »  des paiements aux [paramilitaires]...

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