Desde el año 2017, el Gobierno peruano favorece acuerdos de seguridad entre policía y mineras, desprotegiendo a comunidades en zonas estratégicas de explotación minera como el valle de Apurímac. Adicionalmente, las multinacionales desprestigian a lideres sindicales y les persiguen judicialmente. Ante tal situación en el año 2019, las ONG EarthRights Internacional (ERI), Instituto de Defensa Legal (IDL) y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentaron el informe Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho. Actualmente, siguen presentándose conflictos relativos a abusos de poder, perdidas de confianza y violaciones de derechos humanos en diferentes zonas del Perú