A pesar de existir una decisión de medidas cautelares a favor de la población de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los graves impactos en la salud debido a la contaminación ambiental dejados por la fundición de la empresa Doe Run [parte de Renco] en La Oroya, las lamentables condiciones de pobreza en que quedaron sumidas las familias de trabajadores al cierre de la empresa, y la ausencia de respuestas estatales, llevaron a protestas violentas de ex trabajadores, con la muerte de un ingeniero y docenas de heridos, 4 de gravedad. Las organizaciones de derechos humanos llaman al respeto a la vida y la solución pacífica del conflicto.