Entre el 15 y 19 de octubre de 2018 se desarrolló la cuarta sesión del Grupo de Trabajo que elabora un instrumento vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos.

Quizá uno de los hechos más importantes de esta sesión es que finalmente se pudo pasar de discutir la “formalidad” del Tratado, como lo impulsaban los Estados y organizaciones que niegan la necesidad de un instrumento jurídicamente vinculante, a discutir un borrador de articulado como lo venían exigiendo las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas.

Algo que llama la atención es que este documento, llamado Borrador Cero del Tratado, fue presentado por el Grupo de Trabajo y no por Ecuador, el Estado que había venido liderando, junto con Sudáfrica, el proceso de negociación; es decir, es el resultado de las consultas que realizó el Grupo con los diferentes Estados y organizaciones y no refleja necesariamente la postura de Ecuador, como quedó finalmente evidenciado durante el debate.

Después de algunas tensiones y especulaciones sobre si Ecuador continuaría con la presidencia del Grupo de Trabajo y la actitud que tomarían los Estados opositores al proceso, finalmente este país fue reelegido para dirigir la sesión y se presentó formalmente el Borrador Cero.

Entonces, comenzó el debate.

Estos son los hechos que es necesario resaltar para mostrar los avances, tensiones y retos, los sabores y sinsabores, que quedaron en evidencia tras esta cuarta reunión del Grupo de Trabajo.

Los sabores:

La gran participación de la sociedad civil. Cerca de 300 delegados de organizaciones de todo el mundo, entre ellos defensores de derechos humanos internacionales y locales, víctimas de las empresas, sindicatos, comunidades indígenas y campesinas: una diversidad que enriqueció el debate y permitió tener una perspectiva más concreta del impacto negativo de la actividad de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos a nivel local.

Esta amplia participación reflejó una mayor apropiación del debate por parte de las organizaciones de la sociedad civil, y de los ciudadanos en general, lo que representa un gran paso en legitimar desde la base este proceso y llevarlo a lo local.

Un punto importante fueron los temas centrales de debate y que son de interés principal para las organizaciones de la sociedad civil fueron:

• La responsabilidad extraterritorial. Fueron múltiples los testimonios de víctimas que denunciaron que las empresas responsables no han querido reconocer los daños causados, no ha sido posible llevarlos a la justicia y mucho menos lograr una reparación.
• La responsabilidad en toda la cadena de suministros.
• La necesidad de levantar el velo corporativo.
• La necesidad de detener o impedir la captura corporativa del Estado por parte de las empresas. Diferentes voces se sumaron en este sentido. Por ejemplo, el Comité Ambiental en defensa de la vida de Colombia, explicó el caso de la Corte Constitucional de este país en el caso de las consultas populares.
• La necesidad de una Corte Internacional que juzgue los crímenes cometidos por las empresas. Esto cobra aún más sentido cuando vemos que en la práctica la justicia local de los países donde se cometen los crímenes es incapaz de juzgar a los responsables, bien sea por debilidad de la justicia local, cooptación de los jueces por parte de las empresas, corrupción o miedo de los jueces de juzgar a las multinacionales. A esto se suma que los países donde tienen sus casas matrices las multinacionales que violan los derechos humanos les dan impunidad y protección. Cuando escuchamos y vemos los miles de casos de impunidad es cuando comprendemos la necesidad de crear una Corte que dé garantías a las víctimas.

Otro aspecto positivo es que existe hoy un grado de madurez y conciencia de parte de las organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de no exigir lo ideal sino lo real; es decir, si bien los primeros aportes que llegaron desde las organizaciones de la sociedad civil cuando comenzó todo este debate, rayaban un poco con lo idealista, hoy podemos decir que las propuestas presentadas son realistas, prácticas y están en acuerdo con el marco del derecho internacional.

Finalmente, los puentes que se vienen construyendo entre los Principios Rectores y el futuro Tratado demuestran que estos no son incompatibles ni rivales y que, por el contrario, pueden ser complementarios.

Estos dos instrumentos pueden jugar un rol importante en acabar y prevenir las injusticias que existen y las asimetrías actuales entre el poder de las empresas y la vulnerabilidad de las comunidades.

Los sinsabores:

Sin lugar a duda, sigue siendo incomprensible (o quizá no) la actitud de algunos Estados que se oponen radicalmente a la redacción del tratado.

A pesar de la fuerza de las denuncias de las víctimas, de los testimonios dolorosos, de los argumentos de las organizaciones de la sociedad civil, del apoyo de algunos Estados, de la incapacidad de la justicia local de judicializar a las empresas y de exigir reparación a las víctimas, hoy el debate sobre el tratado recorre un camino tortuoso y lleno de obstáculos.

Carecen de razón los argumentos de los Estados “desarrollados” al afirmar que no es necesario un tratado sobre las empresas y los derechos humanos, cuando estos mismos critican la justicia local de los países en desarrollo, por su corrupción, incapacidad y debilidad al hacer justicia y exigen fortalecerla y combatir la impunidad. Es un doble discurso que hace daño a las víctimas del mal accionar de las empresas y que afecta sus legítimas aspiraciones a ejercer sus derechos a la justicia y la reparación.

Una pregunta recurrente por parte de estos Estados es por qué el tratado vincularía solamente a las empresas transnacionales y no a todas las empresas. Quizá tengan razón en este cuestionamiento y los impulsores del tratado (Estados y organizaciones de la sociedad civil) deberían comenzar a pensar en incluir en él a “todas las empresas” sin importar su carácter, nacional o transnacional, público, mixto o privado.

Quizá una de las cosas que más preocupan son los comentarios de algunas misiones diplomáticas asentadas en Ginebra que se escucharon en los corredores del Palacio de las Naciones, donde tiene lugar la sesión del Grupo de Trabajo. Porque, recordemos, varios de los Estados intentaron acabar este debate sobre el Tratado durante una sesión de la Asamblea General de la ONU.

Un primer comentario tiene que ver con la idea de presentar una proposición para modificar el mandato del Grupo de Trabajo existente: se escucharon propuestas para que su finalidad no sea construir un tratado, sino una declaración.

Un segundo comentario es el de crear un nuevo Grupo de Trabajo con un mandato más flexible y que debilite al anterior.

Cualquier idea que se presente en este sentido menoscabaría la credibilidad del sistema de Naciones Unidas, al demostrar el “poder” real de las multinacionales y permitir continuar con los desequilibrios que existen hoy entre las empresas y los ciudadanos.

Esta sesión también dejó algunos retos:

Es necesario llevar el debate del tratado a lo local para hacer presión sobre los Estados para que lo apoyen.

Hay que continuar con el proceso de difusión del Tratado y de empoderamiento de las organizaciones locales para que se apropien del debate y puedan exigir a sus Estados que lo respalden.

Es necesario “descolonizar” el debate de las grandes ONG y llevarlo a las comunidades afectadas que sienten el rigor de enfrentarse a las empresas y que son quienes sufren las violaciones de parte de las empresas.

Un gran reto son los cambios que se vienen dando en algunos gobiernos de la región latinoamericana y que pueden significar un retroceso en los avances logrados.  Qué puede pasar con el debate sobre el Tratado ahora que hay cambios ideológicos en Brasil, Paraguay, Chile, entre otros. Sin lugar a duda, la postura que tome el Gobierno de Ecuador frente al Tratado va a ser importante, todavía es un enigma, pero ya comienza a mostrar algunos indicios que deberían preocuparnos.

Un gran reto que tenemos que abordar con madurez política es cómo convencer a los Estados que hoy se oponen al Tratado, y en donde tienen su sede las grandes multinacionales, de que el debate no es “ideológico” y que quiere afectar solamente a las empresas transnacionales y no a las empresas locales o de capital nacional. Este es un elemento clave en la discusión: lo que se debe demostrar aquí es que quienes son realmente importantes son las víctimas, sin importar quién es el victimario. Es necesario desideologizar el debate y demostrar que el único interés presente son los derechos de las personas en el mundo que han sufrido y siguen sufriendo por el mal actuar de las empresas.

Finalmente, podemos decir que, de acuerdo con los comentarios escuchados acerca de la posición de algunos Estados, tenemos negros nubarrones en esta discusión y su continuidad dependerá de la habilidad que tengan los impulsores del Tratado en el momento de la negociación, de la apropiación por parte de las organizaciones locales para que ejerzan presión ante sus Gobiernos y de la racionalidad política con que se conduzca este debate.