Blog: Violaciones a derechos humanos de las comunidades indígenas mayas cometidos por la empresa Monsanto derivado del permiso otorgado para la liberación comercial de soya transgénica en Campeche y Yucatán

María Colin; asesora legal de Greenpeace México, A.C.

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El Informe señala que una de las principales preocupaciones de estas violaciones cometidas a los derechos humanos tiene que ver con el ejercicio inadecuado, tanto por gobierno como por empresas, de la debida diligencia en el diseño y ejecución de megaproyectos, que a menudo afectan a comunidades indígenas, generando daños sin que estos sean reparados de manera adecuada.

El 8 de junio próximo el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas dará a conocer su Informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acerca de la misión que realizó a México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.

En 2016 el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas visitó nuestra nación con el objetivo de evaluar los esfuerzos realizados para prevenir y enfrentar las consecuencias negativas a los derechos humanos por las actividades empresariales, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Durante dicha visita, además de reunirse con diversos funcionarios del Gobierno mexicano, lo hizo con representantes de empresas y un amplio sector de la sociedad civil y en particular con comunidades y pueblos indígenas.

El Informe señala que una de las principales preocupaciones de estas violaciones cometidas a los derechos humanos tiene que ver con el ejercicio inadecuado, tanto por gobierno como por empresas, de la debida diligencia en el diseño y ejecución de megaproyectos, que a menudo afectan a comunidades indígenas, generando daños sin que estos sean reparados de manera adecuada.

El entorno de impunidad que vive el país, junto con la urgencia de atraer inversiones a cualquier costa, la insuficiencia de salvaguardas y de capacidad para hacer cumplir la ley, crean un ambiente propicio para la violación de los derechos humanos. Además, el incremento de represalias por alzar la voz y la dificultad para acceder a los mecanismos de justiciabilidad plantean un escenario complicado para el respeto y garantía de estos derechos.

Uno de los casos emblemáticos planteados en el Informe por falta de diligencia debida en materia de derechos humanos en cuanto a la falta de consultas previas a comunidades afectadas por proyectos de desarrollo es el de las comunidades mayas de Campeche y Yucatán que ha generado una situación de conflictiva socio-ambiental.

La problemática se detonó en 2012 a partir de que las autoridades federales otorgaron un permiso a la empresa Monsanto para la liberación y siembra comercial de soya transgénica sin haber consultado antes a las comunidades indígenas afectadas. Pero el asunto va más allá de la falta de consulta: las comunidades han denunciado la contaminación de sus fuentes de agua con herbicidas, en particular por glifosato; así mismo, la deforestación y las repercusiones del proyecto en la apicultura tradicional de la comunidad maya constituyen otra fuente de graves preocupaciones.

El caso se litigó a través de diversos amparos colectivos ante jueces federales de Campeche y Yucatán y finalmente llegó a oídos de la Suprema Corte de Justicia, la que en noviembre de 2014 suspendió los permisos y ordenó que se realizase la debida consulta a las comunidades afectadas, decisión que fue respaldada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Recomendación 23/2015).

La consulta comenzó en marzo de 2016 en los municipios de Hopelchén y Tenabo, Campeche; sin embargo, a pesar de la suspensión, se han denunciado casos de distribución y cultivo ilegal de soya transgénica sin que hayan sido debidamente atendidas por las autoridades federales.

Por otro lado, a petición de comunidades convocadas a la Consulta al Pueblo Maya se creó una Misión de Observación (MO) conformada por organizaciones y personas con el objetivo de monitorear y documentar el proceso de Consulta. Lamentablemente lo que la MO ha reportado en las sesiones son las deficiencias en cuanto al carácter previo, informado, de buena fe, culturalmente adecuada, libre, agravada por las amenazas a líderes comunitarios y asesores (mayor información aquí). 

Las condiciones de la consulta han ido de mal en peor pues en la última sesión realizada el pasado 27 de mayo de 2017, durante la sexta sesión de acuerdos previos de la consulta en el municipio de Hopelchen los representantes de las comunidades y sus asesores se enfrentaron a chiflidos, insultos, e intimidación de aproximadamente 100 personas acarreadas de la comunidad de Iturbide y productores de soya transgénica. Por esta razón, hubo la necesidad de suspender la sesión reconociendo que no había condiciones para garantizar la libertad del proceso de consulta.

Durante el enrarecido diálogo de esta sesión CIBIOGEM, respaldada por la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pretendieron retractarse de los acuerdos con los que se había avanzado en el proceso de consulta indígena. En la quinta sesión de acuerdos del pasado 25 de marzo, las comunidades, CIBIOGEM y CDI acordaron que todas las comunidades llevarían su proceso de consulta de manera conjunta, por medio de sus representantes. Sin embargo, en esta última sesión la representante de la CIBIOGEM, Sol Ortiz dijo que ese acuerdo no era válido y cuestionó la representatividad de quienes acuden en nombre de las comunidades pidiendo que todos presentaran las actas de asamblea en las que fueron nombrados, pese a que las comunidades pidieron avanzar con el plan de trabajo, contestándole que ese tema ya había sido tratado y ellos habían comprobado y entregado sus actas o explicado los métodos de su elección como representantes por usos y costumbres. Pese a ello, la titular de la CIBIOGEM no permitió avanzar en la negociación del plan de trabajo.

Los representantes de las comunidades externaron su preocupación de que la CIBIOGEM y CDI esté saboteando el proceso de consulta con la intención de dividir a las comunidades. Además, la Dra. Sol Ortiz interrumpió continuamente a los representantes de las comunidades, abusó de su tiempo para hablar, y además trató de confundir a los asistentes diciendo que sólo había 15 comunidades presentes de las 34 que vienen al proceso de forma conjunta, aun cuando eran 29 comunidades presentes, suficientes para lograr acuerdos y avanzar en la consulta.

Una de las líderes de las comunidades, le solicitó a CIBIOGEM y CDI que hicieran un esfuerzo por respetarlos y tratarlos como es debido, utilizando un diálogo intercultural, sin embargo sus solicitudes no fueron atendidas por las autoridades (más información aquí)