“Caucus Indígena: Los pueblos se reúnen para debatir la relación entre empresas y los derechos humanos” – 1 de agosto de 2022

… Bogotá, territorio ancestral de los muiscas y chibchas, fue el punto de encuentro de los pueblos indígenas del continente en la sesión preparatoria para asistir al VII Foro Regional de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos para América Latina y el Caribe. Hombres y mujeres indígenas llegaron para compartir sus experiencias de resistencia frente a los impactos negativos de las actividades empresariales en sus territorios y acordar propuestas para que se respeten sus derechos… La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y el Foro Indígena del Abya Yala (FIAY) convocaron a un Caucus de Pueblos Indígenas que contó con la participación de más de 50 representantes de México, Perú, Chile, Guatemala, Ecuador y El Salvador. En un tono crítico, los pueblos indígenas volvieron a discutir con organismos internacionales una serie de opciones para que las actividades extractivas no sigan afectando sus territorios y sus derechos colectivos… Al respecto, Hernán Coronado apuntó que al menos 14 países de la región han ratificado el Convenio 169 y, por lo tanto, tienen la obligación jurídica de cumplir los derechos de los pueblos indígenas en el marco de las actividades extractivas que se realizan en sus tierras y territorios. Por otra parte, destacó que la consulta previa es una obligación estatal y un derecho de los pueblos indígenas. Finalmente, Gabriel Muyuy lamentó que los Principios Rectores no incluyeran, de manera clara y precisa, los instrumentos jurídicos vinculantes existentes… A partir de su experiencia, los participantes y los expertos concluyeron que la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas tienen “poco impacto” en la protección de los derechos indígenas. De hecho, los efectos negativos de las actividades empresariales se han acentuado durante la última década. A 11 años de su aprobación, Cali Tzay observa que los pueblos indígenas siguen sufriendo el impacto desproporcionado de los proyectos económicos en sus territorios. Incluso, pese a la existencia de obligaciones jurídicas para que los Estados garanticen el respeto de sus derechos colectivos a la tierra, al territorio y al consentimiento…