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El 26 de septiembre de 2016, tras la aprobación de los nuevos requisitos de perforación establecidos por la ciudad de Los Ángeles, la California Independent Petroleum Association (CIPA), una asociación que representa a cientos de productores de petróleo y gas, interpuso una contrademanda contra el municipio, grupos juveniles del sur de Los Ángeles y Wilmington, y el Centro para la Diversidad Biológica. Los nuevos requisitos de perforación se adoptaron en respuesta a la demanda presentada por dos grupos juveniles y por el Centro, y su objetivo es cumplir con los mandatos estatales y poner fin al trato discriminatorio por motivos de raza de las comunidades más vulnerables de la ciudad.

La CIPA alega que estos nuevos requisitos suponen un aumento en los costos sin que exista un debido proceso. Los abogados que representan a los grupos juveniles y al Centro sostuvieron que esta demanda es un ejemplo clásico de un litigio estratégico en contra de la participación ciudadana (SLAPP, por sus siglas en inglés) cuya finalidad es intimidar a estos grupos e incumplir la legislación estatal".

El 10 de abril de 2017, estos grupos presentaron una moción contra la SLAPP en virtud de la ley anti SLAPP de California, y la CIPA interpuso una moción en la que solicitaba al municipio y a los grupos 700 000 dólares en concepto de honorarios de abogados y sanciones. El tribunal superior de Los Ángeles rechazó ambas mociones en primera instancia y la CIPA apeló la decisión. El 7 de diciembre de 2018, durante los alegatos orales ante el Tribunal de Apelación de California, la CIPA indicó que "los grupos de defensa del medio ambiente y el municipio actuaban conjuntamente en relación a la nueva norma y estaban trabajando para elaborar un acuerdo de zonificación" sin consultar a los productores de petróleo. El 15 de febrero de 2019, el tribunal de apelación de California revocó la decisión de la instancia inferior y desestimó la demanda de la CIPA.

En las actuaciones judiciales iniciales, iniciadas por los grupos juveniles y el Centro en 2015, se alegaba un patrón de violaciones ambientales y discriminación racial en la aprobación de los proyectos petroleros por parte del municipio. Esto ocurría, por ejemplo, al ubicar los pozos petroleros cerca de las escuelas y viviendas sin tener en consideración los impactos ambientales y a la salud en los barrios pobres, con un porcentaje desproporcionado de población negra y latina. Aunque esta demanda aún estaba pendiente de resolución, el departamento de planificación del municipio decidió aprobar los nuevos requisitos de perforación de petróleo. El 28 de septiembre de 2016, tras la aprobación de los nuevos requisitos, los grupos juveniles y el Centro resolvieron su demanda contra el municipio.