Una historia documentada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" sobre el campo agrícola "El Gallo", propiedad de la empresa Agrícola Sacramento, refleja la precariedad laboral extrema con la que viven miles de jornaleras agrícolas en México. Los impactos de género incluyen la falta de atención a la salud materna y de garantía de derechos como a la vida digna, la educación y la salud de sus familias.

En el año 2019, se inscribió en la Ley Federal del Trabajo la obligación para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) fije un salario mínimo profesional para las y los trabajadores del campo, tomando en cuenta los riesgos inherentes a las labores desarrolladas y las características de las familias jornaleras. Para la población jornalera el resultado es insuficiente, mientras que las empresas ejercen mayor influencia sobre la CONASAMI para mantener bajos estándares.

Nosotras invitamos a la empresa a responder, pero no lo hizo.