Las protestas en el Perú adquirieron dimensiones nacionales, con la “toma de Lima” a inicios de la semana. En los enfrentamientos, se aumentaron las personas heridas y asesinadas a bala, presuntamente por la policía. En ese contexto, las comunidades del corredor sur y de Puno plantean sus reclamos por los daños en la salud causados por la minería y los riesgos de nuevos proyectos. Pero la respuesta ha sido más represión y criminalización, como la denunciada contra el dirigente puneño Félix Suasaca, quien defiende a las comunidades del río Coata y el lago Titicaca. O la infiltración en las protestas pacíficas, que terminaron con el cierre de la mina Antapaccay, en Cusco.