Desde inicios de 2019, las comunidades afectadas por los dos proyectos de expansión de la minera Glencore, Antapaccay y Coroccohuayco, de Espinar, en Cusco, se han movilizado y han presentado recursos judiciales reclamando la celebración de procesos transparentes y acogidos a las normas nacionales e internacionales de consulta y, en especial, de consentimiento previo, libre e informado, ante el grave riesgo de pérdida de sus territorios, el acceso al agua y el desplazamiento forzado