Reinicio de obras del Proyecto Integral Morelos violenta derechos de pueblos y ejidos y pone en riesgo a personas defensoras
Red TdT
La madrugada del 23 de noviembre, 300 elementos de la Guardia Nacional se presentaron en el plantón zapatista de Apatlaco, ubicado a ambos lados del río Cuautla en el estado de Morelos, para desalojar al campamento que se encontraba resguardando el territorio. Los elementos colocaron vallas metálicas para impedir que las personas defensoras de derechos humanos que se encontraban ahí para proteger su territorio pudieran volver a instalar el campamento. Posteriormente la Guardia Nacional permitió la entrada de maquinaria para reiniciar las obras de construcción que vulnera los derechos al agua, a la libre determinación, a la tierra y al territorio y a la vida de diversas comunidades particularmente, las de los ejidos de Ayala, Morelos.
Es preocupante que se pretenda convalidar el desarrollo del Proyecto Integral Morelos (PIM) mediante la colocación de las tuberías en el río Cuautla por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), soslayando que dicha infraestructura forma parte de un acueducto que alimentará las dos termoeléctricas de Huexca —las dos construcciones más relevantes del PIM—, e ignorando que existen 8 amparos por la defensa del agua de la Planta Tratadora Rociadores de Cuautla que se convierte en un afluente del río Cuautla y contra el acueducto que conectaría a la termoeléctrica. Es necesario escuchar las exigencias de los pueblos originarios afectados que han manifestado su rechazo absoluto al desarrollo de megaproyectos como la termoeléctrica, el gasoducto, así como el mencionado acueducto.
Resulta especialmente alarmante que ello ocurra en un contexto de agresiones y violaciones constantes y graves a los derechos humanos por más de una década contra las y los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua - Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT) y Ejidos en Defensa del Agua de Ayala, quienes viven en un contexto de peligro inminente por su defensa de las personas defensoras del territorio. Sus integrantes se han enfrentado a amenazas, hostigamiento y difamaciones por su trabajo; demandas judiciales, ataques de grupos choque, vigilancia, órdenes judiciales, encarcelamiento, tortura y el asesinato, aún impune, del defensor Samir Flores...