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Artículo

9 Nov 2020

Autor:
Mas de 100 ONG, académicas, academicos y personas defensoras

Tribunal federal en Yucatán tiene en sus manos la decisión de proteger los derechos humanos de la infancia maya contra la industria porcícola

...Con el objetivo de proteger los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a sus derechos como pueblo maya, y aplicando el principio de precaución y prevención que rige la materia ambiental, el Juzgado Cuarto Federal en Yucatán negó a la empresa revocar la suspensión. PAPO, no conforme con la decisión, la recurre, y este recurso (AMPARO EN REVISIÓN 235/2019) será resuelto este viernes 6 de noviembre de 2020, las magistradas Raquel García Flores, Julia Ramírez Alvarado y la secretaría de acuerdos en función de Magistrada Mayra Icela Greene Negroe (quien es la relatora del proyecto de sentencia), integrantes del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán.

Los abajo firmantes, respetuosamente, queremos manifestar a las Magistradas lo siguiente:

Estamos ante un caso que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido como importante y trascendente, al conjugar derechos tan sensibles como la salud, el medio ambiente y el agua de niñas y niños pertenecientes al pueblo maya y el impacto que la operación de esta mega granja puede tener en la “Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán”.

Es fundamental que este Tribunal Colegido pueda garantizar que las niñas y niños de Homún puedan contar con un recurso efectivo como el juicio de amparo para proteger sus derechos humanos, por lo que deben confirmar la suspensión de operaciones de esta granja de cerdos.

Su obligación no sólo se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en los múltiples tratados internacionales que deben aplicarse en este caso, cómo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el Convenio RAMSAR y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que precisamente consagra en su número 15 el Principio Precautorio que obliga a todas las autoridades a adoptar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la degradación ambiental, aun ante la falta de certeza científica absoluta sobre el daño...

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