1 de noviembre de 2018

Cerca de 300.000 personas viven actualmente en los páramos y Parques Nacionales de Colombia. La mayoría de ellas se dedica a actividades prohibidas por la ley en estos lugares como la minería, la agricultura y la ganadería…La reciente captura y posterior liberación de cinco campesinos en el Parque Nacional Natural Cordillera Los Picachos es apenas uno de los casos en los que el Estado no ha logrado resolver el dilema de garantizar la conservación ambiental sin poner en riesgo la supervivencia de las comunidades que habitan estos lugares…El pasado jueves 25 de octubre, un ruidoso operativo policial irrumpió en medio de la noche en Guaduas, Platanillo y Cerritos. Más de 1000 hombres del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad), el Ejército y la Fiscalía llegaron en 60 camiones a estas tres veredas lejanas de San Vicente del Caguán, en el marco de una acción contra la deforestación que está arrasando las selvas de esa región ubicada entre los departamentos de Caquetá y Meta…Desde 2014, representantes del gobierno y de las comunidades campesinas vienen participando de la Mesa de Concertación para una política pública para los habitantes de los parques. Lorena González, una ingeniera agrónoma que hace parte del equipo técnico que asesora a la delegación campesina en el proceso, afirma que “un acuerdo pasa necesariamente por reconocer que la presencia de la gente en las áreas protegidas tiene raíces históricas asociadas a la concentración de la tierra, la desigualdad, la pobreza rural y la violencia en el campo. No hay manera de garantizar la conservación de esas zonas si no mejora la calidad de vida de quienes las habitan”…