21 de noviembre de 2015

...En un hecho sin precedentes para Argentina, y en consonancia con normas internacionales y leyes nacionales, comunidades indígenas de las Salinas Grandes de Jujuy y Salta redactaron su “carta magna”, un detallado programa con validez jurídica que determina cómo debe actuar el Estado y los particulares para respetar los territorios indígenas y no violar sus derechos. “El procedimiento escrito es de obligatorio cumplimiento ante todo intento de realizar cualquier acto que pueda afectar a las comunidades, porque así está reconocido por todo el ordenamiento jurídico vigente”, explica el documento, escrito por las propias bases indígenas. Las comunidades de la región viven desde hace siglos de la producción de sal y, en los últimos años, enfrentan conflictos con empresas mineras que intentar extraer litio...La lucha de la Mesa de Pueblos Originarios de la Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (33 comunidades de Jujuy y Salta, pueblos kolla y atacama) llegó en 2012 hasta la Corte Suprema de Justicia. Las comunidades exigían un derecho básico: que las empresas mineras y las provincias cumplan la ley y consulten a las comunidades indígenas por acciones en las salinas. Pero durante la audiencia pública, los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda preguntaban y repreguntaban en qué consistía el derecho de consulta y consentimiento indígena...La Corte Suprema rechazó el pedido de los pueblos indígenas y nunca se expidió sobre el derecho a consulta (la causa tramita ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Lo que más preocupó a los voceros indígenas y abogados fue cómo el máximo tribunal del país desconocía las leyes nacionales y se negó a aplicar los derechos de los pueblos originarios.