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Opinion

Entrevista con Pedro Rafael Maldonado Flores (CALAS, Guatemala): "Lo que realmente está en contra del desarrollo es la corrupción y la cooptación del Estado"

CIEDH:  ¿Rafael, nos puede compartir el contexto actual en Guatemala y la situación de seguridad del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala - CALAS?

Rafael: En  el centro de litigio estratégico ambiental, hace aproximadamente 6 años que hacemos acompañamiento a comunidades en contra de proyectos mineros de Estados Unidos y de Canadá. Las comunidades rechazan a las empresas, por los impactos al agua y por la  contaminación – Guatemala tiene 109 000 km2, es pequeña – y el cinturón de minería está íntimamente conectado con las fuentes de mayor recarga hídrica del país. Al ver este proceso, las empresas se vincularon con el gobierno para lograr reprimir el rechazo de las comunidades y el ejercicio legal de sus derechos.

De las 150 activistas, entre 2011 y 2014, que han sido criminalizados por empresas o por  el Estado – todos han sido absueltos.

En Guatemala hemos visto el otorgamiento de licencias a las empresas que han violado derechos humanos, como el derecho al agua, y que no se produce la suspensión de dichas licencias a pesar de la ilegalidad. Desafortunadamente las empresas mineras han actuado como estructuras criminales, de la mano con el gobierno. Por ejemplo, 80% del trabajo de CALAS es en Santa Rosa y Jalapa. En estas zonas, la criminalización de defensoras y defensores es alta: alrededor de 150 defensoras y defensores han sido criminalizados desde   2011. En el caso de la minera San Rafael ( subsidiaria de Tahoe Resources de Canadá) en 2013 la empresa, por medio de su gerente de seguridad , intentó asesinar a 20 líderes y asesinó  a 7 personas . Este caso es paradigmático porque, en enero 2017, aceptaron su litigio  en Canadá.

De las 150 activistas, entre 2011 y 2014,  que han sido criminalizados por empresas o por  el Estado (incluyendo al Ministerio Público) – todos han sido absueltos. Nuestra estrategia funcionó: como han sido absueltos, se comprueba que han sido inocentes y que las mineras han  abusado sus derechos.

Según las empresas, con los  ataques las comunidades y defensores iban a desistir, pero estamos viendo que los procesos de la resistencia se  incentivaron más.

CIEDH:¿Podría describir los ataques ?

Rafael: CALAS también ha sufrido diferentes ataques, como la criminalización de Yuri Giovanni Melini Salguero, el director de la organización, y un proceso de difamación que también ha producido daño psicológico. Al mismo tiempo, el gobierno ha empezado procesos directos con embajada pidiéndoles descontinuar su financiamiento. Eso constituye un ataque a nuestro financiamiento. Las embajadas de Europa han descontinuado su donativos, pero hemos seguido trabajando con apoyo de las iglesias.

El tercer ataque se da cuando han visto que CALAS continúa aun sin financiamiento. Entonces, siguen un proceso de difamación contra  mi persona como abogado, han iniciado un proceso penal contra mí y nos han acusado de ser una entidad de terrorismo. Todo ello empezó después de la suspensión de la licencia de la mina en la Puya.

Por ejemplo, en un artículo publicado el 1 de julio y el 30 de junio de 2013, se alega que CALAS utiliza los fondos que recibe de poderosas entidades internacionales como OXFAM y el gobierno noruego para fomentar conflictos en áreas donde la minería y el cultivo de monocultivos tiene lugar. El artículo, titulado “La Farsa del Genocidio en Guatemala - Conspiración Marxista desde la Iglesia Católica”, fue publicado por la Fundación contra el Terrorismo, fundada por ex militares.

La cuarta etapa del ataque fue la más trágica: fue el  asesinato de un compañero de CALAS: No tenemos detalles, pero cuando hicieron la investigación, se asumió que fue asesinado por ser parte de CALAS.

Para resumir, hubo cuatro etapas de ataque:

  • Ataque jurídico a las personas afectadas por minería a las cuales CALAS está acompañando: 150 campesinos fueron criminalizados y después absueltos;
  • Ataque al financiamiento de la institución que les está acompañando: Nuestra institución fue atacada para no poder hacer acompañamiento;
  • Ataque jurídico al personal de la institución: El personal de CALAS fue atacado personalmente en nivel jurídico, yo fui atacado como abogado;
  • Ataque físico al personal de la institución: El personal de CALAS ha sido asesinado.

CIEDH: ¿Puede elaborar un poco más sobre cómo usted percibe la conexión entre las mineras y el Estado?

Rafael: Hasta abril de 2015, no se hablaba del  tema de minería y corrupción. Todo el mundo pensaban como el gobierno de alguna manera defendía la minería, ponía servicios para mineros y contra el pueblo, pensábamos que es corrupción pero no pudimos evidenciar. Pero, entre abril y junio del año pasado, gracias al reporte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sabemos más sobre cooptación del Estado. Además se giró una orden de captura contra la empresa minera GoldCorp por el tema de corrupción que incluye al presidente, vicepresidente; este  caso es como cúpula.

CIEDH: ¿Hay acceso a la justicia contra las empresas? ¿Cómo se puede buscar remedio para los abusos  que han experimentado ustedes y los miembros de las comunidades?

Rafael: Dos de los gerentes están prófugos de la justicia. Uno de ellos es Eduardo Viacorta, gerente regional para América Latina. El otro es Alberto Rotondo, cual es un militar peruano que intento asesinar a personas en Santa Rosa. El escapó de prisión domiciliar y está refugiado en Lima, pero hay una solicitud de extradición en su caso.

Ahora cuando hablamos de mineras criminales tenemos evidencia. Hay varios casos. Un caso es contra Compañía Minera de Niquél y el gerente de seguridad que asesinó  a un líder comunitario in Izabal. El  otro caso es contra gerentes de la exploración minera cerca de La Puya y  contra el propietario de la empresa Kappes, Cassiday & Associates, Daniel Kappes.

CALAS también ha empezado un caso contra funcionarios públicos, incluyendo comisarios de la policía, que han agredido a defensores. Empezamos un caso en el cual detuvieron ilegalmente a una defensora. Este va a ser el primer caso de este tipo y, en el  mes de mayo, va a ser público.

La respuesta ha sido un ataque constante de intensidad baja y creciente contra muchas organizaciones y defensores y defensoras, no sólo contra CALAS. En 2017, ya hay muchos defensores, defensoras y organizaciones que han sido agredidos. El  sistema de justicia ha respondido bien. Pero, el progreso es lento. Por ejemplo, hay una comunidad que se imponía a un proyecto de una mega hidroeléctrica donde asesinaron a varios líderes en 2014, pero sólo ahora hay debate oral y público sobre esto.

CIEDH: ¿Cuál es la visión y estrategia de CALAS sobre este incremento de ataques? ¿Cómo colabora con otras organizaciones?

Rafael: Desde 2011, se ha desarrollado una política de Estado no escrita contra defensores y defensoras, especialmente contra quienes están protegiendo el agua, la tierra y el medioambiente, con ayuda de las empresas.  Hemos visto cargos de terrorismo y la criminalización de protestas. La absolución  de los 150 defensores y defensoras  llevó a más ataques, concentrados en sectores conectados con el derecho a la tierra. Esto demuestra que el ataque es muy organizado. Estamos tratando de evidenciar esta política no-escrita.

Desde 2011, se ha desarrollado una política de Estado no escrita contra defensores y defensoras, especialmente contra quienes están protegiendo el agua, la tierra y el medioambiente, con ayuda de las empresas. Estamos tratando de evidenciar esta política no-escrita.

Lo que es evidente es que las empresas son parte de estas estructuras de criminalización. Hemos empezado un litigio contra ellos y tenemos varios casos: contra Repsa (aceite de palma), Minería de Guatemala (su licencia ha sido suspendida por los crímenes ambientales) y el caso contra Alberto Rotondo de Minera San Rafael.

Nuestra estrategia es buscar justicia por los abusos contra defensores y defensoras  y lograr precedentes para que no vuelva a pasar. Ahora tenemos visita de Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos a Canadá.

CIEDH: ¿Qué deberían de hacer los gobiernos de los países donde las empresas tienen su sede para asegurar que no haya impunidad en los ataques contra defensores y defensoras?

Rafael: La extraterritorialidad ha sido el obstáculo principal, el famoso “no convencience” (o la falta de jurisdicción).  Pero ahora, en un hito, la Corte de Apelaciones de British Colombia (B.C.) ha mandado a juicio nuestra demanda contra una minera de Vancouver. El Tribunal de Apelación de Columbia Británica ha dictaminado que una demanda presentada por siete hombres guatemaltecos contra Tahoe Resources Inc. puede continuar en B.C. La sentencia histórica invalida una decisión anterior de la Corte Suprema de la B.C. que rechazó el caso sobre la base de que Guatemala sería la jurisdicción más apropiada para las reclamaciones de los demandantes. Esta es la primera vez que la corte de apelaciones canadiense ha permitido que se inicie una demanda contra una compañía canadiense por presuntas violaciones. Lo que deben hacer es presentar la ley, y tomar medidas para que la minería sea  responsable de los abusos. Eso es importante porque las empresas matrices deben ser perseguidas también, porque su filial no es sólo eso, son ellos los que obtienen el dinero. 

CIEDH: ¿Cómo se puede lograr una minería sostenible en Guatemala? ¿Nos puede dar un buen ejemplo de cooperación entre mineras y las comunidades y los defensores  y defensoras de los derechos humanos?

Rafael: Es muy difícil hacer minería sostenible aquí porque Guatemala es muy pequeña y densamente poblada. Por ejemplo, la Minera  San Rafael está en el centro del pueblo. Históricamente, han obligado a la gente indígena a ir hacia las montañas; ahora, debido a la minería, se les obliga a  irse de allí. También hay un uso excesivo de agua en hidrometalurgia y la  hidrometalurgia compite en plena desigualdad con las comunidades por este recurso. Desgraciadamente, no hay ningún buen ejemplo de consulta en Guatemala. No hay ni un proyecto minero que no genere conflictos, así que no deberían estar allí.

CIEDH: ¿Cómo continúa CALAS su trabajo a pesar de los ataques que ha experimentado?

Rafael: Las embajadas retiraron su financiamiento, buscaban argumentación diplomática. Pero movimientos de resistencia en contra de las actividades extractivas tiene una fuerte base cristiana.  Esta actividad está acompañada por los dioses porque ellos ven que los ataques son contra los más pobres y quienes más sufren injustamente. Por un año, hemos seguido  sin financiamiento, pero las iglesias extrajeras nos han ayudado. Las embajadas que nos habían apoyado antes  (irlandesas, alemanas) no nos han dado fondos, así que tuvimos que diversificar. Pero, a través de esto, nos hemos dado cuento de la política de ataque.

CIEDH: ¿Cómo responden cuando dicen que CALAS está  contra el desarrollo?

Rafael: Sí, varios dicen eso, por ejemplo, el Presidente ha dicho sobre mí que soy un “eco-histérico”.  Así se puede ver el nivel de estigmatización. Pero, lo que realmente está en contra del desarrollo es la corrupción y la cooptación del Estado. Nosotros siempre supimos que hubo las dos cosas y ahora tenemos las pruebas.