“Decretos Ejecutivos y violencia minera, claves de una política nefasta” – 9 de enero de 2023

La política minera arranca el año 2023 con la pretensión del gobierno de imponer a sangre y fuego un plan de seguridad a 11 proyectos mineros a los que declara Áreas Reservadas de Seguridad, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en esos territorios. Esta decisión se aplicaría, nuevamente, vía decreto ejecutivo… Por ejemplo, se emitió el Decreto Ejecutivo 122 (de 16 de julio de 2021) que dispuso el regreso del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, cuyos laudos generalmente fallan a favor de las empresas transnacionales e imponen pagos multimillonarios sobre los Estados… El 18 de agosto de 2021 se publica el Decreto Ejecutivo 165, en virtud del cual se aprueba el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación, que va en el mismo sentido de comprometer garantías jurídicas en favor de las inversiones mineras… El Plan de Acción para el desarrollo del sector minero facilita las demandas de las empresas mineras ante tribunales de arbitraje internacionales, como fue la demanda de CODELCO contra el Estado ecuatoriano el 24 de diciembre de 2021, presentada ante el CIADI al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Chile. Este proceso, temporalmente suspendido, da paso a una serie de “negociaciones y conversaciones amistosas” en las que el Estado ecuatoriano debe garantizar condiciones de operación para la inversión minera de la empresa chilena.

En este contexto, las comunidades de Íntag afectadas por CODELCO, han expresado su rechazo al proyecto Llurimagua y han presentado una acción de protección con la finalidad de lograr su suspensión, en razón de las afectaciones a las especies endémicas de la zona, la contaminación de los ríos, el desplazamiento de comunidades, y los daños a las actividades económicas locales. Por su parte la compañía minera china Junefield Gold Investments Limited presentó una demanda contra el Ecuador ante un tribunal ad hoc sobre el proyecto minero Río Blanco en Molleturo -provincia del Azuay-, luego de la suspensión de sus operaciones por orden judicial debido al incumplimiento de la consulta previa, libre e informada. La empresa reclama al Estado ecuatoriano la cantidad de 480 millones de dólares...