Vídeos del 14 de agosto publicados la semana pasada muestran a dos empleadas de una de las tiendas de la cadena SYR siendo castigadas físicamente por sus compañeros y compañeras de trabajo. Los testigos declararon que las personas trabajadoras, supuestamente, seguían las órdenes del propietario de la cadena de tiendas, que ordenó las agresiones como castigo por un supuesto robo de dinero por parte de las funcionarias. La acusación de robo ya ha sido declarada falsa por la policía. Las investigaciones también revelaron que ambas víctimas estaban embarazadas en el momento de la agresión y son de nacionalidad nicaragüense.

Los familiares de las mujeres afirman que ambas fueron amenazadas para que no revelaran lo sucedido, y que se enfrentan a secuelas físicas y psicológicas hasta hoy, tres meses después de las agresiones.

La publicación de los vídeos desencadenó una oleada de denuncias por delitos similares contra la empresa. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Policía Profesional de Migración y el Organismo de Investigación Judicial abrieron investigaciones contra las tiendas SYR y realizaron un ciclo de inspecciones en 16 unidades de la cadena, encontrando indicios de delitos fiscales, violaciones de derechos laborales y contratación de menores.

El representante legal de las tiendas SYR fue detenido temporalmente acusado de tortura, privación de libertad y agresión con arma blanca.

Carlos Chinchilla, abogado del dueño de la empresa, dijo que su cliente no comentará los hechos y rechazó la medida de prisión preventiva.