...[La] manifestación en la torre 826 del proyecto LT 2x500kV Cardones-Polpaico, que concluyó tras la intervención del Estado para restablecer el orden público en la zona, constituye una acción de fuerza ilegal que representó, ante todo, un alto riesgo de afectación a la integridad física de las personas.

Con respecto a las acusaciones sobre las condiciones laborales que han hecho miembros de la comunidad opositora, tenemos plena certeza de que las obras cumplen con las condiciones que establece la legislación laboral vigente y supervisamos de forma permanente que sus empresas contratistas así lo hagan. Se han presentado algunos hechos puntuales que han sido abordados y resueltos a la brevedad, tal como lo han verificado las autoridades competentes al respecto.