En octubre del 2013, varias ONG latinoamericanas presentaron el informe “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. 

Desde entonces, el informe ha formado parte de la documentación que respalda la acción jurídica presentada ante la Comisión, que busca comprobar la responsabilidad extraterritorial de Canadá en relación a las gestiones de mineras canadienses en la región.