Hoy, en nombre de las comunidades de paz de San José de Apartado, una coalición de organizaciones de derechos humanos pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigar el rol de ejecutivos de la empresa multinacional Chiquita Brands International en la contribución a crímenes de lesa humanidad. Hasta la fecha, ningún ejecutivo ha rendido cuentas, a pesar de que la empresa confesó haber entregado millones de dólares a paramilitares colombianos que mataron, violaron, y desaparecieron a civiles...

Como corporación, Chiquita ya fue declarada culpable en un tribunal federal estadounidense en 2007 por haber financiado ilegalmente a los paramilitares, pero no ha habido investigación penal en contra de los ejecutivos que supervisaron e implementaron el esquema de pagos. Y aunque el litigio civil contra los ejecutivos de Chiquita continúa en curso en los tribunales estadounidenses, no se ve un horizonte para un procesamiento penal en Estados unidos...

"Solicitamos que la CPI amplíe su examen preliminar en Colombia para incluir concretamente a los ejecutivos de Chiquita," agregó Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH...

Si las autoridades colombianas no avanzan con este caso, esta comunicación solicita que el Fiscal pida autorización formal de la Sala de Cuestiones Preliminares para abrir una investigación contra los ejecutivos de Chiquita...