La situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco en el contexto de la minería legal e ilegal, luego de que, en el año 2016 se declarara la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, reúne denuncias de violaciones de los derechos humanos y significativos impactos ambientales que enfrentan pueblos indígenas y las poblaciones de los Estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Diferentes ONG han visibilizado la situación, señalando la responsabilidad de muchas de las empresas que allí operan, en su gran mayoría de capital mixto, de países como Turquía, Siria, Palestina y Canadá, e incluso algunas de carácter estatal y bajo el control de las fuerzas armadas venezolanas. En tal contexto, el pasado 15 de julio de 2020, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michel Bachelet, entregó un informe sobre la independencia del sistema de justicia, el acceso a la justicia y la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco en la República Bolivariana de Venezuela, señalando la omisión de los deberes del Estado venezolano de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. De igual forma, una coalición de ONG reconstruyó casos de violaciones a los derechos humanos que afectan de manera diferencial a los pueblos indigenas de la Amazonía venezolana…