Afectados por proyectos extractivos y de infraestructura se unieron para solicitar a la Suprema Corte de Justicia que falle a favor de la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan participar de las decisiones de desarrollo de proyectos que puedan afectar el medio ambiente en que se desarrollan. Algunas organizaciones sometieron un Amicus Curiae, exponiendo razones jurídicas sobre el derecho a la participación pública en asuntos ambientales.