Latinoamérica es la región más desigual del mundo y la más peligrosa para quienes defienden los derechos humanos. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos informó que casi la mitad de los ataques reportados en el mundo en 2018 ocurrieron en Latinoamérica. En 2018, Oxfam reportó que el 10% más rico de la población concentró el 68% de la riqueza, mientras el 50% más pobre, solo el 3.5%. Si la desigualdad económica sigue creciendo así, Oxfam predice que el 1% de la población en Latinoamérica acumulará más riquezas que el 99% en un periodo de seis años. Esta tendencia es alarmante porque la captura de poder y riqueza por élites y corporaciones pone en riesgo la vida, paz, justicia y desarrollo inclusivo en la región.

El camino hacia la igualdad, el desarrollo sostenible, y las sociedades inclusivas

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú, traza el camino para un desarrollo más inclusivo y sostenible en la región más desigual del mundo. El acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental en América Latina y el Caribe y el producto de más de seis años de negociaciones para implementar el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992.

El Acuerdo de Escazú aborda los desafíos más importantes de la región – la desigualdad y la cultura crónica de privilegio – desde un enfoque basado en los derechos. Por lo tanto, su objetivo es garantizar el derecho de las personas en América Latina y el Caribe al acceso a la información y participación como también al acceso a la justicia. Debido a que América Latina sigue siendo el lugar más peligroso para las personas defensoras de los derechos humanos y ambientales, el Artículo 9º incluye disposiciones vinculantes para la protección de personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.  Esta es una característica única del Acuerdo, el cual responde a las necesidades regionales. Según Global Witness, los recursos naturales son fuente de conflicto y violencia socioambiental.

¿Qué significaría la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú para el desarrollo de la región?

La ratificación y entrada en vigor del acuerdo significaría la integración regional por medio de la consolidación de la democracia ambiental y garantizaría la igualdad como eje principal del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. 

Para la sociedad civil, los gobiernos y el sector privado, el Acuerdo de Escazú significa:

• La legitimación del valioso trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos, de la tierra y del ambiente por salvaguardar los valores democráticos, la biodiversidad, los derechos de grupos vulnerables (pueblos indígenas y afrodescendientes entre otros) y el bienestar de generaciones futuras.
• El Acuerdo garantizaría la participación de los grupos que han sido tradicionalmente excluidos y marginados en la toma de decisiones. Cabe recordar que el acceso a la información, la toma de decisiones y el acceso a la justicia es un requisito importante para evitar conflictos y mejorar alianzas entre la sociedad y los sectores público y privado.
• Es una herramienta legal para promover la estabilidad política, la buena gobernanza, el desarrollo de capacidades, la cooperación regional, la asistencia técnica, la educación y la mejora de la gestión pública.
• Favorece el crecimiento de la inversión del sector privado debido a que garantiza la claridad, fortaleza y coherencia en las leyes, políticas, normas y regulaciones de los Estados de la región.
• Promueve la armonización de salvaguardas y estándares sociales y ambientales en la región, lo que facilitaría el financiamiento e implementación de proyectos de desarrollo.

El rol corporativo en el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente

El sector privado ha desempeñado un rol activo en la promoción y la implementaction de principios democráticos alrededor del mundo, ya que el respeto al Estado de Derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional facilitan la habilidad de las empresas en conducir sus operaciones. Estas prácticas muchas veces han beneficiado la reputación y rentabilidad de las empresas. Pero, como ilustra el caso Odebrecht, que ha afectado a 12 países de la región, el sector privado también puede causar inestabilidad política, social y económica. En el caso especifico del Perú, el caso de corrupción de Odebrecht causó una desestabilización grave a nivel político e impactó el producto bruto interno (PBI). Además, se calcula que le habría causado al Estado peruano más de más de 1,526 millones de dólares en sobrecostos, necesarios para inversiones sociales.

Dado que el sector privado tiene tentáculos largos y poderosos, su rol no puede ser desestimado. El sector privado tiene un rol clave en la implementación de los derechos de acceso, el respeto de los derechos humanos y en la protección de los defensores y las defensoras ambientales. Hasta ahora, el rol corporativo de acciones a favor de los derechos humanos se mantiene a nivel voluntario y muchas veces no sobrepasa el lenguaje de la Responsabilidad Social Empresarial. La alineación de las leyes nacionales y las políticas públicas al cumplimiento del Acuerdo tendrían un impacto en el sector privado y abriría nuevos canales de diálogo entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil para afrontar retos en común.

Se necesita la ratificación de 11 países para que el Acuerdo entre en vigor. Hasta la fecha, 16 países lo han firmado, siendo Guyana el primer Estado en ratificarlo. Los Estados que ratifiquen este instrumento tendrían la oportunidad de enviar una clara señal de que las dimensiones sociales y ambientales tienen la misma importancia que la dimensión económica en el crecimiento regional. Similarmente, al impulsar la ratificación del Acuerdo, las empresas estarían apostando por el crecimiento al largo horizonte y reduciendo el riesgo económico, social, ambiental y reputacional al hacer negocios en países inestables o frágiles.  El equilibrio de las tres dimensiones del desarrollo sostenible es un elemento clave para alcanzar las metas de la Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. Por lo tanto, la ratificación del Acuerdo debe ser una prioridad para los estados y las empresas en la región ya que ofrece una oportunidad única para promover una agenda multidimensional para el desarrollo: personas, planeta, prosperidad y paz.