La economista de Mannheim Laura Marie Edinger-Schons considera que la nueva ley sobre cadena de suministro es una importante contribución al respeto de los derechos humanos. Si bien la ley de Alemania es menos consecuente que la de otros países, como Francia, la normativa aprobada por el Bundestag el viernes pasa al menos de la mera autorregulación voluntaria de las empresas para convertirse en una obligación legal. "Es un primer paso, y uno importante", señaló la investigadora.

En opinión de Edinger-Schons, la ley también ofrece oportunidades para las empresas. Las prácticas poco éticas y los escándalos resultantes han perjudicado no sólo a las empresas responsables, sino a todas las empresas. Sin embargo, con una mayor atención a los derechos humanos, la protección del clima y la sostenibilidad, la etiqueta "Made in Germany" podría tener de nuevo una percepción positiva, concluye la investigadora.

La ley se aplicará a partir del 1 de enero de 2023, inicialmente a empresas con más de 3.000 empleados, y a partir de 2024 también a las de más de 1.000. Según las estadísticas, en Alemania hay unas 2.890 empresas con 1.000 o más empleados. Las pequeñas y medianas empresas no se verán afectadas.