“Visita a Colombia: REDESCA observa serios desafíos para la garantía de los DESCA en La Guajira” – 30 de noviembre de 2022

…La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a Colombia entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre de 2022, con objeto de participar en una serie de eventos promocionales y académicos sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), mantener encuentros con autoridades y representantes de la sociedad civil, así como llevar a cabo una visita de trabajo para relevar información sobre la situación de los DESCA en el país, con especial énfasis en el Departamento de La Guajira y la situación del Pueblo Wayuu… De la misma manera, evidenció desafíos para el cumplimiento de otras providencias judiciales, incluyendo la Sentencia T-614/19 de la Corte Constitucional, relativa a la acción de tutela para proteger el derecho a la salud y ambiente sano de una comunidad indígena wayuu frente a las actividades extractivas por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited; y la Sentencia SU-698/17, en la que comunidades wayuu accionantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales por el proyecto de desvío del cauce del Arroyo Bruno, adelantado por Cerrejón… De esta manera, es de especial preocupación la asimetría de poder que experimentan las comunidades frente a actores empresariales, junto a las amenazas y hostigamiento a las personas defensoras del ambiente, agua, territorio, y de quienes se oponen a los proyectos extractivos, a propósito de las cuales la REDESCA recibió reiteradas denuncias por parte de la sociedad civil durante la visita. Respecto a este último punto, el mandato toma nota que la CIDH ya ha alertado sobre la frecuencia con la que los pueblos indígenas y afrocolombianos, particularmente sus autoridades tradicionales, líderes y lideresas, son víctimas de violencia por parte de actores armados o grupos asociados a los mismos, y cómo esta situación sería agravada en algunos casos por la presencia de actividades extractivas de minerales e hidrocarburos. Igualmente, la REDESCA en su informe anual de 2021 señaló que se requeriría la atención prioritaria del Estado a asuntos tales como el asesinato y criminalización de defensores ambientales, sobre el que se seguiría evidenciado un patrón. Lo anterior, teniendo especialmente en cuenta que a su vez habría una práctica rutinaria de asesinatos y violencia contra quienes se oponen a las industrias extractivas, y no una situación de hechos aislados. En este contexto, se saludan la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú y el plan de emergencia para la protección de líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz… A partir de su visita, la REDESCA toma especial nota de las denuncias de desplazamiento por parte de la Comunidad El Rocío y el impacto de las actividades en las fuentes hídricas -particularmente en el Arroyo Bruno-; la aplicación del test de proporcionalidad establecido en las Directivas Presidenciales 10 de 2013 y 08 de 2020 para la comunidad del corregimiento de Cañaverales en el marco del proyecto minero de Best Coal Company (en detrimento de su derecho a la consulta libre, previa e informada, pese a que esta decisión fue revocada recientemente por el juzgado Primero Administrativo Mixto de Riohacha); y el desplazamiento de diversas comunidades ante la construcción de 65 parques eólicos en La Guajira. Es de señalar que el uso de energías limpias sería especialmente desafiante al considerar que habría diversos vacíos jurídicos mediante los que se denuncia que se estarían concediendo territorios a perpetuidad y sin respetar los derechos a la propiedad colectiva, consulta y consentimiento previo, libre e informado de diversos pueblos indígena…