abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb
Artículo

9 Ene 2018

Autor:
IPS

Argentina: Pese a cuestionamientos por impactos en las comunidades, empresas siguen con proyectos de explotación de litio

“Con muchas preguntas, Argentina persigue la ilusión del litio” – 5 de enero de 2018

…El gobierno de Mauricio Macri sueña con que Argentina se convierta en líder mundial de la producción de litio. Pero no parece tan claro que la aspiración, apuntalada en el interés de las grandes compañías multinacionales del sector, también pueda ser un camino para el desarrollo de comunidades locales…“En consecuencia, el litio no va a cambiar la matriz productiva del noroeste del país, que está al nivel de materias primas. Apenas la ampliará un poquito, porque hoy dependemos fundamentalmente de la caña de azúcar y el tabaco” [según el] vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy… “Argentina puede llegar a convertirse en el primer exportador mundial de litio”, dijo también en noviembre Tom Schneberger, vicepresidente de la compañía FMC…[Pero] … “La extracción de litio tiene factores comunes con los demás extractivismos, que se disfrazan de industrias, pero no lo son, porque no producen nada sino que extraen”,  dijo a IPS el naturalista Claudio Bertonatti, asesor de la fundación ambientalista Félix de Azara…La propiedad indígena de muchos de los territorios es también fuente de conflicto y, de hecho, 33 comunidades de las provincias de Salta y Jujuy presentaron ya en 2010 una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para intentar hacer valer su derecho a ser consultados, pero fue rechazada por el máximo tribunal por cuestiones formales.