Dos meses después de los terribles asesinatos y la toma de rehenes por Hamás en Israel el 7 de octubre, la atroz matanza de civiles, el asedio y la crisis humanitaria en Gaza “empeoraran minuto a minuto” y decenas de miles de civiles de Palestina intentan huir de los bombardeos israelíes. A medida que aumenta la presión sobre la comunidad internacional para que contribuya a poner fin al sufrimiento humano, se incrementa la atención que se presta a la responsabilidad de las empresas –principalmente de las tecnológicas– que operan en la región, así como en otros lugares igualmente afectados por conflictos.

La historia nos dice que las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas en situaciones de conflicto armado no son un fenómeno nuevo. Sin embargo, la creciente tensión geopolítica, junto con la enorme influencia adquirida por el sector privado, ha aumentado la participación de las empresas en los conflictos a la vez que se incrementa su responsabilidad. La invasión rusa de Ucrania, la prolongada crisis en Sudán del Sur y el golpe militar en Myanmar son algunos ejemplos recientes. En todas estas circunstancias, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos ha dejado claro que “[l]as empresas no son agentes neutrales: su presencia no está exenta de repercusiones. Aun cuando las empresas no tomen partido en el conflicto, las consecuencias de sus actividades influirán necesariamente en la dinámica de este”.

¿Qué significa esto para las actividades cotidianas de las empresas situadas en una zona de conflicto o que suministran servicios, materiales y recursos a la misma? Dicho en pocas palabras, es algo que va mucho más allá de seguir manteniendo una actitud de “todo sigue igual” en las actividades y las cadenas de valor.

En estas circunstancias, se aumentan los riesgos financieros y reputacionales considerablemente, lo que va acompañado de una amenaza real de que existan consecuencias legales, entre otras, de que se incurra en una responsabilidad penal de las empresas, cuando las cosas van mal. Mitigar estos riesgos significa, como mínimo, que las empresas tienen la responsabilidad intrínseca de aplicar una diligencia debida continua y reforzada en materia de derechos humanos, de acuerdo con lo dispuesto en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos para “conocer y demostrar que respetan los derechos humanos”. Además, también significa respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que se fundamenta en los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales de 1977 y 2005. El DIH se aplica tanto a las empresas como a los Estados, y trata de limitar los efectos de los conflictos armados y el sufrimiento humano de las personas se ven atrapadas en ellos. El juicio penal que se está llevando a cabo actualmente contra dos antiguos ejecutivos de Lundin Energy (ahora Orrön Energy) por acusaciones de complicidad en crímenes de guerra en Sudán del Sur es informativo, ya que envía una señal clara a las empresas internacionales de que no hay impunidad para los crímenes internacionales.

La existencia de una lista cada vez más nutrida de empresas acusadas de violaciones del DIH añade contenido a lo que esto puede significar para aquellas que intentan obtener beneficios a costa de los derechos, la vida y el bienestar de la población en zonas afectadas por conflictos.

Por ejemplo, se está investigando a la empresa mundial de suministros para la construcción Lafarge por complicidad en crímenes de lesa humanidad en Siria. El año pasado, dos ONG presentaron una demanda en Francia contra TotalEnergies por complicidad en crímenes de guerra en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, donde la académica Tara Van Ho ha señalado que “las empresas que decidan quedarse [en Rusia] deben saber que están incurriendo en la responsabilidad de tener que ofrecer reparación por su contribución a los crímenes de guerra, una responsabilidad que Ucrania probablemente les exija”. Además, más recientemente, personal experto de la ONU ha vuelto a poner de manifiesto los riesgos legales que existen para el sector privado que opera en zonas de conflicto, y han instado a la comunidad internacional, entre otros, a las empresas, “a poner fin inmediatamente al riesgo de genocidio contra el pueblo palestino” en medio de las acusaciones de crímenes de lesa la humanidad en el actual conflicto entre Israel y Hamás.

Las empresas armamentísticas y extractivas, así como las empresas militares y de seguridad privadas, ocupan un lugar destacado en la lista de agentes empresariales implicados en conflictos armados. Sin embargo, las empresas tecnológicas, como las de vigilancia, las plataformas de redes sociales y los proveedores de telecomunicaciones, las siguen de cerca. En el futuro desempeñarán un papel cada vez más importante en los conflictos, a medida que la guerra pase de las botas y los tanques a los drones, los satélites, la vigilancia y otras herramientas y planteamientos digitales. Estas empresas harían bien en tomar conciencia ahora de sus responsabilidades y de estos riesgos.

Las empresas tecnológicas pueden y deben desempeñar un papel importante, por ejemplo, garantizando el acceso a información que a menudo salva vidas en zonas afectadas por conflictos.

Sin embargo, sus productos también se pueden utilizar para facilitar la represión y la desinformación que contribuyen a exacerbar estas crisis. El conflicto entre Israel y Hamás es el ejemplo más reciente y preocupante. Cada vez son más numerosas las noticias sobre desinformación, difusión de contenidos nocivos, restricción de la comunicación entre civiles, fomento de la incitación al discurso de odio en línea, ciberataques contra periodistas y censura, con posibles graves repercusiones legales para los agentes tecnológicos pertinentes. Algunos ejemplos de lo anterior son las acciones legales emprendidas contra Meta por personas refugiadas rohinyás de Myanmar y por personas etíopes en relación con el papel del gigante de las redes sociales en la violencia de la guerra de Tigray. En ambos casos se trata del supuesto fomento de la incitación al odio y la violencia en medio de crisis y conflictos.

El riesgo de que las empresas incurran en responsabilidad por malas prácticas en materia de derechos humanos se ve incrementado por un entorno normativo cambiante. Es probable que la Directiva de la UE sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial suponga un momento decisivo en la labor en favor de la rendición de cuentas de las empresas en este sentido. La recientemente promulgada Ley de Servicios Digitales de la UE puede ser otro ejemplo. Esta ley pretende, entre otras cosas, establecer un marco de responsabilidad para las plataformas en línea, incluso ordenando la necesidad de establecer medidas específicas durante los conflictos armados, como “adaptar los procesos de moderación de contenidos”. La Comisión Europea ha recibido algunas críticas de la sociedad civil por su reciente solicitud de información a X (antes Twitter) y Meta amparándose en la Ley sobre la “difusión de contenidos ilegales y desinformación” en el conflicto entre Israel y Hamás, solicitud que no parece haber suscitado un cambio de actitud.

Ante el importante papel que desempeñan las empresas tecnológicas en la sociedad –aún mayor en tiempos de conflicto–, aumentan las expectativas de que se adopten prácticas más centradas en los derechos humanos. Junto al riesgo reputacional, cada vez son mayores las consecuencias legales cuando estas empresas –y otras– fallan.