Para el 30 de octubre las organizaciones sindicales y sociales de la Unidad Social convocaron una huelga general en todo el país para reclamar salarios justos y cese a la represión de la protesta social. Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas rechazaron la invitación de la ministra de Medio Ambiente, exigiendo que se expidan medidas “reales y sistémicas”, alegando que la crisis ambiental también es social y requiere soluciones democráticas