El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19 y el importante daño que ha causado a la salud y a los medios de subsistencia en todo el mundo. En lugar de servir como un llamado urgente para proteger mejor a los más afectados, muchos países y empresas mencionaron las consecuencias económicas de la crisis sanitaria mundial como una razón para flexibilizar la normativa medioambiental y social y aumentar los proyectos extractivos. Esto trajo como consecuencia más ataques contra las comunidades y los/las defensores/as de los derechos humanos (los/las DDH).

Conclusiones principales de nuestra investigación de 2020:

• 604 ataques a defensoras/es que trabajan en temas de derechos humanos relacionados con las empresas, frente a los 572 ataques de 2019.
• Al menos 1/3 de todas las agresiones se derivaron de la falta de participación significativa, de acceso a la información y de consulta, o de la no obtención del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales e indígenas.
• En más de la mitad de los casos, las/los defensoras/es sufrieron acoso judicial (incluida la criminalización basada en cargos inventados y las detenciones arbitrarias).
• Se registraron 114 agresiones contra defensoras de los derechos humanos.
• La mayoría de las agresiones siguieron concentrándose en América Latina, con 194 agresiones, seguida de Asia y el Pacífico, con 173 agresiones, y Europa Oriental y Rusia, con 129 agresiones.
• Los casos aumentaron en Rusia (70 casos), Bielorrusia (38 casos), Indonesia (25 casos) y Uganda (36 casos).
• En al menos 80 casos, el COVID-19 fue el factor clave.

El aumento de las agresiones contra las/los defensoras/es de los derechos humanos durante 2020 exige una solución legal. La comunidad mundial tiene una oportunidad sin precedentes de impactar la forma en que se dé prioridad a la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la sostenibilidad a largo plazo, incluida la seguridad de las mismas personas que conciben y defienden soluciones respetuosas con los derechos. La obligatoriedad de la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente en la UE es una oportunidad clave para garantizar que las empresas cuya sede corporativa, sede o lugar principal de negocios se encuentra en la región, respeten los derechos humanos y eviten los ataques a las/los DDH en todas sus operaciones, cadenas de suministro e inversiones.