El pasado 20 de septiembre, miembros de comunidades indígenas que se oponen desde hace años a la instalación de una planta de Cementos Progreso, fueron objeto del asesinato de un líder opositor, lo que desencadenó  violentos enfrentamientos entre defensores y opositores de la empresa. El gobierno acaba de declarar el “estado de prevención”, que implicó el envío de 900 unidades militares. La empresa rechazó los hechos y ha dicho que es “objeto de hostigamientos”.