Según explicó Díaz, el problema de base es que "en España no hay formación", y ni economistas ni abogados estudian las convenciones internacionales relacionadas con los Derechos Humanos, ni las teorías del riesgo asociado a estas cuestiones, ni la llamada 'teoría del crimen organizado', "ni tampoco las expectativas de riesgo en perspectivas de conflicto". [se refiere a Repsol, Endesa]