"Oportunidades para desmantelar el sistema de demandas inversionista-Estado", 13 de septiembre de 2021

...[E]s menester para la 4T eliminar derechos corporativos entregados en el T-MEC. Los resultados ya se ven: la semana pasada llegó otra “notificación de demanda” supranacional contra México de la texana Talos Energy, por habérsele entregado a Pemex el control del gran pozo petrolero Zama, en el Golfo de México. Talos Energy había ganado la licitación del pozo en 2015 y argumenta que ha invertido casi 350 millones de dólares, pero su demanda podría ser mucho mayor y pedir indemnización por “expropiación indirecta”, o sea por las ganancias esperadas no obtenidas.

Esta demanda se suma a las de las mineras Legacy Vulcan, por 500 millones de dólares (mdd), Oddyssey (3 mil 540 mdd), First Majestic Silver (500 mdd), del consorcio petrolero Finley Resources de otros sectores.

En julio pasado un grupo bipartidista de 42 congresistas de EU, liderado por el demócrata Vicente González, envió una carta al presidente Biden demandándole actuar ante lo que ellos consideran “severos límites” impuestos por AMLO para el acceso de las empresas de EU a los mercados de energía e hidrocarburos en México, y acusando que la nueva legislación, al favorecer a Pemex y CFE, “viola el espíritu del T-MEC”.

Ante esta embestida contra nuestros intereses nacionales hay que preguntar: ¿por qué si en el T-MEC Estados Unidos y Canadá eliminaron el mecanismo supranacional de solución de controversias inversionista-Estado, se dejó entre México y Estados Unidos, y específicamente para el sector energético (Anexo 14-D del capítulo de ­inversiones)?..

México...es parte de un entramado de tratados de protección de inversiones (en TLC y TBI) que lo hacen sujeto a demandas multimillonarias como las citadas. Entre éstos está el T-MEC, en el que el equipo de Peña Nieto dejó el país a AMLO, truculentamente, a merced de demandas por empresas de energía; está también el Tratado Transpacífico, con el cual empresas mineras canadienses pueden seguir demandado a México, y el Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM), con el cual la UE presiona para incluir un capítulo de inversiones con mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS).