Las comunidades mayas de Cansahcab, Suma, y del ejido de Sinanché, en Yucatán, ganaron dos amparos en la Suprema Corte en el año 2018, para la construcción de un proyecto eólico en sus tierras.

Los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte otorgaron la protección de la justicia federal debido a que el permiso para el “Proyecto eólico y fotovoltaico Cansahacab”, no contempló el requisito de consulta previa entre las comunidades indígenas que habitan la zona.

Por unanimidad, los ministros señalaron que el gobierno federal y la empresa Fuerza y Energía Limpia de Yucatán deben cumplir con este requisito constitucional antes de concretar el proyecto.