“Convenios entre Policía Nacional y empresas extractivas ponen en peligro derechos de la población” – 13 de marzo de 2019

Entre las empresas que contrataron a la PNP para recibir servicio de seguridad privada están la Minera Antamina [parte de BHP Billiton], la Minera Yanacocha [parte de Newmont, Buenaventura y Sumitomo], la Minera Las Bambas [parte de MMG, parte de China Minmetals], Doe Run [parte de Renco], Petroperú y Southern [Copper, parte de Grupo México]. El informe mencionado identifica problemáticas que se derivan de los convenios entre la PNP y las empresas extractivas. Una de ellas es la privatización y mercantilización de la función policial. “La conducta discrecional de la PNP, que se aroga la capacidad de comercializar sus servicios, es arbitrara y, por tanto, insconstitucional a la luz del ordenamiento jurídico”, se señala. Además, se precisa que “los convenios representan una actividad empresarial estatal no permitida”. Después de todo, como indica el informe, existen numerosas empresas privadas que podrían brindar seguridad a las empresas extractivas. El mayor impacto de los convenios entre la PNP y las empresas extractivas resulta ser la vulneración a la garantía de los derechos fundamentales. Se trataría de servicio policial comercializado en perjuicio del interés público. Se resalta en el informe los casos en que existe un contexto de conflictividad social ambiental. Ahí resultan más afectados quienes “viven en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos extractivos, y, de manera particularmente grave, a los pueblos indígenas y los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente”…