Esta Guía de Principios se estructura en torno a tres principios básicos que son el deber de protección del Estado frente a los abusos contra los derechos humanos cometidos por terceros, en particular las empresas, la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos y la garantía a las víctimas a un mayor acceso a los recuroses, tanto judiciales como no judiciales.