El gobierno boliviano anunció en 2023 el inicio de la industrialización del litio, pero posteriores aclaraciones revelaron que muchos acuerdos firmados eran convenios de estudio y confidencialidad, no contratos industriales aprobados por la Asamblea. Entre 2023 y 2024, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó al menos 14 convenios con empresas extranjeras en medio de fuertes críticas por falta de transparencia. Los contratos más avanzados, con consorcios ruso y chino, prevén grandes inversiones y producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, pero generan preocupación por el alto consumo de agua, los impactos ambientales y la ausencia de consulta previa a comunidades indígenas. Líderes comunitarios y expertos advierten que los proyectos amenazan humedales, territorios sagrados y formas de vida locales, profundizando el conflicto en torno al litio boliviano.

YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos) no respondió a la invitación del Centro de Empresas y Derechos Humanos para comentar sobre la acusación.