La continuación de las protestas anti-mineras y los conflictos en diversos lugares del país, según la Defensoría del Pueblo, que se conectan con los graves hechos que involucran la acción represiva policial y militar contra opositores del Proyecto Tía María de Southern Copper (parte de Grupo México), ponen de presente que las prioridades nacionales de atraer inversión internacional alrededor de proyectos extractivos no toman en consideración los derechos de las poblaciones directa e indirectamente impactadas por esas operaciones.  A la par, emerge la preocupación del empresariado de que se repitan estos hechos violentos en otros proyectos y reclaman más fortaleza gubernamental.