Las comunidades y las personas de todo el mundo cuyos medios de vida y recursos naturales se ven perjudicados o amenazados por la actividad empresarial están recurriendo al litigio ambiental como un instrumento estratégico clave para hacer valer sus derechos humanos. En esta última década se ha producido un aumento constante de las demandas presentadas directamente contra empresas para obtener reparación por impactos climáticos y otros daños medioambientales. Se han producido algunas victorias y algunos retrocesos importantes en los tribunales de todo el mundo y han surgido nuevos ejes impulsores para la acción. Entre ellos figuran los accionistas que presentan demandas judiciales contra las empresas o instituciones privadas en las que poseen acciones (los llamados litigios de accionistas) y las organizaciones de la sociedad civil, que llevan a las empresas ante los tribunales por daños ambientales o apoyan esfuerzos judiciales de terceros.

Este blog destaca el papel crucial de las organizaciones de la sociedad civil en los litigios ambientales, así como las diversas formas en que contribuyen, no solo a garantizar formas específicas de reparación para las personas afectadas, sino también a dar forma a la jurisprudencia, la doctrina jurídica y las políticas y prácticas resultantes de las empresas. Estas conclusiones se basan en las investigaciones realizadas en un proyecto conjunto del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, los Abogados para el Desarrollo Internacional (Advocates for International Development) y la Sociedad para el Derecho y el desarrollo internacional de Harvard (Harvard Law and International Development Society,LIDS).

Incoar una acción judicial

Las organizaciones de la sociedad civil han entablado numerosas acciones legales contra las empresas para obtener reparación por abusos de derechos humanos derivados de daños ambientales. Por ejemplo, el Comité de la Cuenca del Río Sonora, en México, un grupo comunitario de 600 residentes locales se asoció con la organización latinoamericana de derechos humanos PODER en 2014, para demandar al Grupo México por contaminación del agua.

El Comité y PODER presentaron siete demandas colectivas contra Grupo México y el Gobierno mexicano. Esto sucedió después de que la empresa incumpliera sus promesas de construir plantas de tratamiento de agua y financiar un fondo fiduciario para la comunidad por el vertido de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre en la fuente de agua comunal. Las demandas alegaban una violación del derecho al agua y solicitaban que los demandados repararan el daño ambiental y garantizaran el derecho de la comunidad a participar en los planes de reparación del derrame. Como resultado, el Gobierno volvió a analizar decenas de fuentes de agua cercanas al río y prometió abrir una clínica médica para tratar cualquier dolencia que experimentasen los miembros de la comunidad como consecuencia del vertido. En enero de 2020, la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia ordenó que se mantuviera abierto el Fondo Río Sonora, un mecanismo para contribuir al proceso de reparación y limpieza.

En 2013, en la India, el Tribunal Supremo anuló la autorización concedida inicialmente a Vedanta Alumina Limited por el Gobierno indio en 2004, para un proyecto de minería en las colinas de Niyamgiri, en el estado oriental de Orissa. El proyecto minero habría destruido las colinas de las que dependía la tribu local dongria kondh para su subsistencia. Después de que las organizaciones de la sociedad civil local presentaran varias demandas judiciales contra el proyecto, el tribunal reconoció el impacto ambiental perjudicial del proyecto en la tribu y en la vida silvestre, y decidió que el proyecto minero no podía seguir adelante.

Financiación y participación en acciones judiciales

Las organizaciones de la sociedad civil también han financiado o apoyado de alguna manera los litigios ambientales. Por ejemplo, en 2015, grupos locales e internacionales financiaron la demanda de un agricultor peruano contra la empresa alemana de energía RWE a través de colecta colectiva. El agricultor alegó que las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa estaban contribuyendo al calentamiento global y generaban graves riesgos de inundación que amenazaban gravemente su propiedad y sus medios de vida. La vivienda del demandante estaba situada en una zona inundable del lago Palcacocha, que había sufrido un aumento del nivel de las aguas como consecuencia del deshielo del glaciar cercano. En 2017, el tribunal alemán inició procedimientos probatorios, lo que lleva a pensar que estaría dispuesto a escuchar la demanda.

Además, las ONG han presentado escritos de amicus curiae con el fin de influir en las decisiones de los tribunales en los casos ambientales. Un ejemplo de ello es la demanda presentada en 2015 por pescadores y agricultores indios contra la Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial, ante un tribunal federal de los Estados Unidos por los daños ambientales causados por la planta de Tata Mundra en Gujarat, India. Cuando el tribunal dictaminó que las instituciones financieras tenían inmunidad judicial ante la demanda, los demandantes apelaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Como apoyo, nueve ONG presentaron informes de amicus curiae. En 2019, la Corte Suprema dictaminó que las organizaciones internacionales como el Banco Mundial no tienen inmunidad ante los procedimientos en los tribunales de los Estados Unidos y que, de hecho, se las puede demandar cuando se aplican las excepciones establecidas sobre inmunidad.

Visibilidad y documentación

Los esfuerzos de ONG de todo el mundo por vigilar y documentar los daños ambientales causados por las empresas han llamado la atención del público y han demostrado ser una fuente fundamental de pruebas y análisis en procesos judiciales. En el ejemplo de Vedanta, mencionado anteriormente, la decisión del Tribunal Supremo de la India de revocar la autorización de explotación minera tuvo como telón de fondo las campañas internacionales de incidencia y las iniciativas de investigación de organizaciones de derechos humanos como Survival International y Amnistía Internacional. Estas organizaciones motivaron la decisión de varios inversionistas, entre otros, varios gobiernos, de desinvertir en la empresa. Por ejemplo, en 2007, el Gobierno noruego decidió vender su participación de 13 millones de dólares en Vedanta, al señalar que supone "un riesgo inaceptable de contribuir a un grave daño ambiental... de seguir invirtiendo en la empresa".

Otro ejemplo significativo es la demanda presentada contra Shell ante el Tribunal Superior de Londres por la comunidad bodo de Nigeria. Los demandantes solicitaban una indemnización por las pérdidas sufridas en cuanto a su salud, medios de subsistencia y tierras, con relación a dos derrames de petróleo producidos en 2008 y 2009 en el delta del Níger. Los 15 000 demandantes alegaron que el mantenimiento de los oleoductos era deficiente y que Shell debería haber tomado medidas para evitar el vertido, solicitando a Shell que limpiara la contaminación causada por el petróleo.

Diversas organizaciones de derechos humanos llamaron la atención internacional sobre el caso y documentaron los abusos de los derechos humanos cometidos contra la comunidad, que más tarde sirvieron de prueba en el caso. El Tribunal Superior del Reino Unido señaló que era "totalmente acertado" incluir un informe de Amnistía Internacional como parte de las pruebas contra los acusados. Al año siguiente de la presentación de la demanda ante el Tribunal Superior del Reino Unido, Shell aceptó su responsabilidad y acordó pagar 55 millones de libras esterlinas a la comunidad, en 2015, un enorme aumento con respecto a la oferta inicial de 4 000 de Shell en 2010.

A medida que aumenta el impulso para iniciar litigios por daños ambientales en todo el mundo, se incrementa también el papel de las organizaciones de la sociedad civil a la hora de interponer, financiar y ganar acciones judiciales.