En el contexto de crisis climática, agotamiento energético y conflictividad territorial, la transición energética en Colombia que busca alejarse de la explotación de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), no puede reducirse a la incorporación de tecnologías “verdes” a su matriz energética. Exige una transformación profunda centrada en los derechos humanos, la justicia ambiental y la autodeterminación de las comunidades donde se desarrollarán tales proyectos.

A pesar de las promesas de un cambio limpio y ecológico hacia las energías renovables, en la práctica, la transición energética continúa reproduciendo los patrones históricos de violencia y explotación observados en sectores como el de combustibles fósiles o la minería. Proyectos fotovoltaicos, eólicos y de extracción de minerales estratégicos, como el cobre, avanzan sin evaluaciones de impacto en derechos humanos, participación efectiva o mecanismos de reparación. La persistente brecha entre normas y prácticas pone en riesgo no sólo la legitimidad de esta transición, sino la posibilidad de que sea realmente justa.

Una transición energética justa no puede construirse sobre fragmentos de responsabilidad dispersa. Requiere una arquitectura ética, capaz de entrelazar las cuestiones ambientales, socioculturales, económicas y políticas desde la raíz.

Frente a este panorama, el Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH) propone la aplicación en Colombia de los Principios para una transición energética justa (en adelante JET Principles) como un marco orientador para una transición energética basada en derechos. Estos principios ofrecen criterios éticos y operativos concretos para evitar que el modelo energético “verde” reproduzca las patrones coloniales y extractivistas del pasado. En este informe, consideramos su aplicación en el contexto colombiano.