Las empresas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen efectos determinantes en los ámbitos personales, profesionales, sociales y políticos de nuestras vidas. Mientras que el aumento de la productividad, el acceso a la información y la eficiencia son señas distintivas de la expansión del sector de las TIC, también lo son las consecuencias negativas de muchos de sus productos y servicios: la proliferación desenfrenada de discursos de odio, la desinformación, la vigilancia intrusiva, la manipulación de algoritmos, inteligencia artificial (IA) discriminatoria y el daño ambiental tanto en la forma de una huella de carbono creciente y como en su forma de vertido de desechos electrónicos. En este contexto, el papel de la sociedad civil correspondiente en exigir mayor responsabilidad y transparencia a las empresas de TIC sigue siendo una tarea tanto vital como excepcionalmente desafiante.

En los últimos años, la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos han intentado vincularse con empresas de TIC para asegurar la protección de los derechos de los y las usuarias. Sus experiencias dejan en claro que a pesar de estos esfuerzos, las empresas de tecnologías tienen una brecha significativa que cerrar en relación a su responsabilidad. Esto es preocupante particularmente preocupante en el Sur Global, donde regímenes autoritarios en muchas ubicaciones han disminuido el estado de derecho, y las regulaciones o mecanismos para llevar a las empresas ante la justicia no existen o son demasiado amplios e ineficaces. Las personas defensoras de derechos humanos dan cuenta que los desafíos enfrentados por los grupos de derechos digitales que trabajan por la rendición de cuentas de las empresas en el Sur Global junto con la naturaleza y la gravedad de los desafíos de derechos digitales a los que se enfrentan difieren de los de sus contrapartes en Europa y Estados Unidos, donde la mayoría de estas empresas se encuentran domiciliadas o tienen sus sedes centrales.

Este análisis se basa en consultas y entrevistas con grupos de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos digitales en el Sur Global, incluidas aquellas que han participado activamente con empresas de tecnologías. Examinamos tres ejemplos específicos de grupos de la sociedad civil exigiendo mayor responsabilidad por parte del sector de las TIC:

• Myanmar: 13 organizaciones de derechos digitales presionan a Meta para que aborde los contenidos en Facebook relacionados con el genocidio de los Rohingya
• Chile: Derechos Digitales analiza las prácticas de protección de datos de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones e internet
• África: El Foro de Derechos Digitales e Inclusión reúne partes interesadas de múltiples países del continente para impulsar conversaciones críticas sobre políticas digitales en África.

Estos ejemplos, junto con las reflexiones derivadas de entrevistas realizadas en 11 países y durante un año a activistas y practicantes, proporcionan detalles sobre las herramientas y estrategias usadas actualmente. A su vez, proporcionamos recomendaciones para fortalecer el movimiento por la responsabilidad corporativa en el sector tecnológico por situaciones de infracciones de derechos, el que se fundamenta en parte en los aprendizajes de estos estudios de caso.