La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el megaevento deportivo más grande de la historia, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, con 48 selecciones, más de 100 partidos y una movilización sin precedentes de personas, capitales y cadenas de suministro. En México, la Ciudad de México (CDMX) ha señalado públicamente que el Mundial implicará retos significativos en materia de seguridad, movilidad, vivienda, trabajo y derechos humanos, especialmente ante el aumento proyectado de turismo, empleos temporales y flujos migratorios internos y transfronterizos.

El Mundial 2026 presenta riesgos estructurales conocidos en megaeventos para México, Estados Unidos y Canadá. Entre ellos destacan las violaciones a derechos laborales en sectores altamente precarizados como la construcción, hotelería, limpieza, seguridad privada, transporte y servicios temporales, donde participan de manera desproporcionada personas trabajadoras migrantes, muchas veces bajo esquemas de subcontratación, informalidad y ausencia de mecanismos efectivos de denuncia y reparación.

Asimismo, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación por el incremento del riesgo de violencia sexual, trata y explotación, particularmente contra mujeres, niñas, adolescentes y personas migrantes, en contextos de alta demanda de servicios, turismo masivo y economías informales. La experiencia de otros megaeventos demuestra que, sin medidas preventivas robustas, estos riesgos pueden intensificarse, especialmente en entornos con desigualdades de género y debilidad institucional.

El contexto regional agrava estos desafíos. La posible profundización de políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos, en particular bajo una eventual administración Trump, podría aumentar la vulnerabilidad de personas migrantes involucradas directa o indirectamente en la economía del Mundial, tanto en cadenas de suministro como en servicios asociados al evento. Esto incluye mayores riesgos de explotación laboral, separación familiar, detenciones arbitrarias y barreras para el acceso a justicia y reparación.

En este escenario, el Mundial 2026 representa una prueba crítica para la implementación efectiva de la debida diligencia en derechos humanos por parte de la FIFA, los gobiernos anfitriones y las empresas involucradas. Integrar enfoques de protección laboral, prevención de violencia sexual, salvaguardas para personas migrantes y mecanismos accesibles de denuncia y reparación no es opcional, sino indispensable para que el evento no profundice desigualdades existentes. Si se aborda de manera responsable, el Mundial puede convertirse en una oportunidad para establecer estándares más altos en materia de derechos humanos y dejar un legado positivo en la región; de lo contrario, corre el riesgo de reproducir y amplificar formas de abuso ya ampliamente documentadas en otros megaeventos.