"En la práctica: ¿qué implica incluir principios de derechos humanos en la política fiscal?" -8 de enero de 2022-

...Presentamos una serie de documentos que explican cómo deberían incorporar estos principios las empresas, universidades, acreedores, jueces y juezas, y otros actores con responsabilidad en la política fiscal de los países de América Latina...No es posible buscar la garantía de los derechos humanos si no hay recursos públicos para su materialización. Esa premisa es la que nos movió a siete organizaciones y especialistas de América Latina a pensar y construir los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, un conjunto de pautas que deberían seguir los Estados para construir políticas fiscales eficaces, transparentes y redistributivas que protejan los derechos de todas las personas...Sin embargo, esa responsabilidad va más allá del alcance de los Estados. El Poder Judicial, los organismos regionales e internacionales, las empresas, los acreedores, las instituciones financieras, quienes intervienen en  arbitrajes en disputas por inversiones extranjeras, las universidades y hasta los centros de investigación juegan papeles determinantes en ese objetivo...Así lo explica Juan Pablo Bohoslavsky, investigador de Conicet en la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina), integrante del Comité de Expertos y Expertas que acompañan los Principios y, hasta 2020, experto independiente en deuda y derechos humanos de la ONU. En la serie de siete documentos ‘Implicaciones prácticas de los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal’, Bohoslavsky expone que, al margen de las obligaciones que naturalmente recaen sobre los Estados, actores económicos en el sector privado, en organismos regionales e internacionales, en la educación, entre otros, tienen deberes específicos... Acreedores privados: (Lea el documento completo aquí). Empresas: (Lea el documento completo aquí). Instituciones financieras internacionales: (Lea el documento completo aquí). Jueces y juezas: (Lea el documento completo aquí). Sistemas de Protección y Promoción de Derechos Humanos: (Lea el documento completo aquí). Universidades y centros de investigación: (Lea el documento completo aquí). Arbitrajes por disputas sobre inversiones extranjeras: (Lea el documento completo aquí)