¿Dónde están los retos y las oportunidades que las y los jóvenes de la región ven en la agenda de empresas y derechos humanos en para la próxima década?

Sesión de clausura del VI Foro Regional de Naciones Unidas sobre las empresas y los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe 2021

Por Donovan Ortega y Camila Castellanos

Agradecemos la oportunidad de poder participar en este diálogo tan importante y necesario. Celebramos la convocatoria de esta sexta edición del Foro regional sobre empresas y los derechos humanos, particularmente la oportunidad que en esta edición se ha dado para escuchar la voz de las juventudes latinoamericanas y caribeñas. Hoy estamos representando a jóvenes de la región con quienes nos reunimos en un contexto de aprendizaje e intercambio en el marco del curso “Jóvenes, empresas y derechos humanos” para expresarles nuestras preocupaciones y propuestas.

Las y los jóvenes somos más del 25% de la población en América Latina y el Caribe, nos enfrentamos a contextos de violencia e impunidad generalizada, donde nuestros derechos humanos están siendo constantemente transgredidos. A pesar de los efectos que la actividad empresarial ha tenido en la vida de miles de jóvenes alrededor del mundo, nuestras voces y preocupaciones muchas veces no son consideradas e inclusive se nos invisibiliza. Por ejemplo, en el informe de balance del primer decenio sobre los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, no se menciona a las juventudes, ni la manera en que las actividades empresariales afectan el ejercicio integral de nuestros derechos, ni cómo los jóvenes desde diferentes escenarios se enfrentan y aportan desde sus propias miradas a esta situación. Y lo más relevante, no rescata los análisis que los jóvenes realizan sobre la relación directa entre el impacto del cambio climático y las actividades empresariales, poniendo en riesgo nuestro futuro inmediato.

El Foro refuerza nuestro análisis y nos desafía a contribuir como jóvenes (afrodescendientes, indígenas, urbanos, rurales) a la agenda que guiará las acciones para la próxima década, para lo cual planteamos un reconocimiento del impacto diferenciado que tiene la conducta empresarial en el ejercicio de derechos humanos hacia las personas jóvenes. Esto incluye la adopción integral de la perspectiva de juventudes en el análisis y problematización de las realidades que nos enfrentamos, como el nuevo mundo del trabajo, el acceso al agua, la defensa de los territorios y bienes naturales, y las “violencias” que vienen desde muchas empresas.

Asimismo, las actividades empresariales y sus impactos han obligado a las juventudes, al desplazamiento y migración forzada como respuesta frente a la pérdida de los territorios, sumado a la falta de oportunidades laborales y el riesgo que implica defender los derechos humanos.

Las juventudes somos defensoras de derechos humanos, por lo que la estigmatización, criminalización y la violencia directa también nos afecta no sólo por ser jóvenes sino por ser personas defensoras. Somos objeto de actos que buscan silenciar nuestras voces y que nos ponen en graves situaciones de riesgo por el hecho de defender nuestros territorios frente a los intereses de las grandes corporaciones.

También nos preocupa la reducción del espacio cívico en la región y los procesos de debilitamiento de la democracia en los países centroamericanos y su impacto en nuestros proyectos de vida. Por ejemplo, frente a la crisis sanitaria actual por la COVID-19, las juventudes nos hemos movilizado y nuestros liderazgos se han reforzado, sin embargo, ésto también ha generado una mayor persecución, como sucedió en las protestas en Colombia, Guatemala, Chile, Perú, Nicaragua y México.

Además, en un panorama donde las alternativas para la construcción de proyectos de vida son limitadas debido a las distintas realidades que nos enfrentamos como juventudes, debemos insertarnos en contextos de precarización y explotación laboral por parte de las empresas que no respetan nuestros derechos; aunado a la falta de alternativas dentro del mercado de trabajo y a la informalidad dominante en la región que afecta al 60% de las personas jóvenes. Por otro lado, el sector empresarial tiene el gran desafío de proporcionar alternativas laborales dignas para todas las juventudes y que ofrezcan verdaderas oportunidades de desarrollo personal y colectivo, tanto al interior de los espacios de trabajo como en la implementación de sus modelos de negocio en los territorios y la realidad del mundo virtual.

Del mismo modo, frente a la crisis climática que estamos viviendo, las personas jóvenes hemos alzado la voz y señalando la urgencia de atender los efectos de esta crisis que ya está teniendo sus primeros efectos; tales como la alteración de los ecosistemas, las sequías y los riesgos para la seguridad alimentaria, situaciones en las cuales las juventudes estamos siendo uno de los grupos mayormente afectados y donde se ve comprometida la justicia intergeneracional.

En este marco, las juventudes latinoamericanas y del Caribe, planteamos que la ruta para la implementación de los Principios Rectores debe:

● Reconocer y atender el impacto diferenciado que tiene la conducta empresarial en la vida de las juventudes, desde una perspectiva de responsabilidad intergeneracional.

● Generar mecanismos de participación integral para que las juventudes puedan señalar los impactos que la actividad empresarial está teniendo en sus vidas.

● Elaborar y/o proponer marcos normativos, políticas públicas y programas que incluyan a las personas jóvenes como actores relevantes en el contexto de la actividad empresarial. Particularmente, en las acciones referidas a la legislación sobre debida diligencia en derechos humanos y los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos.

● Generar datos desagregados de los impactos de los proyectos empresariales en el ejercicio de derechos de las personas jóvenes, especialmente para ejercer la debida diligencia en derechos humanos.

● Respetar integralmente los derechos laborales de las juventudes, a partir de la promoción de condiciones de trabajo digno, modelos laborales que reconozcan la diversidad de identidades y realidades que nos atraviesan, así como la inversión para desarrollar el talento humano y las industrias promotoras del desarrollo sostenible.

● Incorporar la perspectiva de juventudes en el proceso de elaboración del Instrumento Jurídicamente vinculante para regular las actividades de empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

● Implementar de manera prioritaria el Acuerdo de Escazú en la región dada su relevancia para la defensa de nuestros derechos y el acceso a la información.

● Que en el Grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas se asuma el poner especial énfasis en las personas jóvenes para estos próximos diez años.

¡Aquí estamos para iniciar el trabajo juntos! Muchas gracias