21 de octubre de 2019

En los últimos días hemos sido testigos de cómo la ciudadanía se ha levantado, inicialmente en Santiago, y luego a lo largo del país, para expresar su cansancio y malestar frente múltiples situaciones de injusticia, inequidad y marginación por parte del Estado y de las élites políticas y económicas del país que lo controlan…No se trata de un malestar nuevo, sino de uno que se venía manifestando de muchas formas incluyendo: la protesta social, las encuestas que van dando cuenta de una masiva desconfianza en las instituciones del Estado, de los partidos políticos y del empresariado, así como de la abstención electoral más elevada de América Latina, entre otras. Todas estas manifestaciones no han sido escuchadas ni abordadas por los partidos políticos y mucho menos por los sectores que concentran el poder económico en el país…Como sabemos, dicho malestar está relacionado con la persistencia de una institucionalidad construida durante la dictadura cívico militar, cuya mayor expresión es la Constitución Política de 1980, la que ha sido defendida férreamente por quienes la impusieron y a la que se han acomodado los sectores que inicialmente se opusieron a ella. Dicha Constitución ha permitido la acumulación de la propiedad de los bienes comunes –como la tierra, el agua y los recursos del subsuelo, la apropiación de los ahorros previsionales, la privatización de la educación y la salud, el lucro con la vivienda, la generación de una enorme brecha salarial y de ingresos en perjuicio de los y las trabajadores, y ha negado la existencia y derechos de los pueblos indígenas y de las personas en movilidad humana en el país. De esta manera, dicha institucionalidad se encuentra en la base de la inequidad y la fractura actual del país...