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23 Jun 2020

Autor:
IM Defensoras

Foro Internacional por los Derechos Humanos: Honduras debe garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos

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...Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, articulación que aglutina a más de 30 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos con el fin de monitorear la situación actual del país, denunciamos que las actuales medidas del Estado hondureño para responder a la pandemia han sometido a un inminente riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, quienes han visto obstaculizado su trabajo como consecuencia de las limitaciones de movilidad. Quienes defienden y promueven los derechos humanos, se enfrentan al peligro de ser detenidas, y no cuentan con mecanismos que garanticen el ejercicio de su labor de manera segura.

Actualmente, se viven en el continente las consecuencias de una crisis social y sanitaria que se agrava por la actual pandemia y la acelerada propagación de la COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 11 de junio del 2020, Honduras registraba 8.132 casos confirmados a nivel nacional, así como 306 lamentables defunciones. Los riesgos que enfrenta la población hondureña frente al coronavirus se agravan en el contexto de corrupción que impacta al país, uno de cuyos efectos es el sistema de salud debilitado, y ante medidas estatales implementadas para la mitigación del virus que vulneran los derechos humanos de la población...

Ante este panorama, las condiciones de trabajo y riesgo en la labor de monitoreo y defensa de los derechos fundamentales se han agravado. Organizaciones locales han denunciado que el toque de queda y la restricción de garantías han favorecido la persecución, vigilancia y criminalización de las y los defensores de derechos humanos. Entre otros, se ha registrado el caso de la defensora y lidereza del movimiento Bastión Al Sur, Aleyda Huete, detenida arbitrariamente el 17 de marzo de 2020 por elementos de la Policía Nacional. Horas más tarde, el juez decretó su libertad bajo fianza de 30 mil lempiras y medidas sustitutivas bajo la acusación de “tenencia ilegal de arma de fabricación casera” y “almacenamiento de artefactos explosivos en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras”.

Igualmente, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), reportan el constante asedio y ataques por parte de las fuerzas militares y policiales; prácticas que se han profundizado por las medidas gubernamentales para la contención de la pandemia...

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