Gobierno mexicano presenta demandas contra fabricantes y comerciantes de armas en tribunales de EE.UU. por supuesta negligencia y venta dirigida a criminales
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El Gobierno de México presentó dos demandas contra seis importantes fabricantes y comerciantes de armas estadounidenses, y cinco traficantes de armas de Arizona ante los tribunales de Estados Unidos en un intento de detener el flujo de armas de fabricación estadounidense a través de la frontera.
Presentó una demanda en agosto de 2021 (un tribunal federal estadounidense en Boston, Massachusetts) contra los fabricantes de armas. Argumenta que más de 500.000 armas son traficadas anualmente desde Estados Unidos a México, de las cuales más del 68% son fabricadas por los fabricantes que afirma, incluyendo Smith & Wesson, Sturm, Ruger and Company (Ruger), Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc. México ha acusado a las empresas de negligencia en el control de sus traficantes y socavar sus estrictas leyes de armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto al estilo militar de una manera que sabían que armaría carteles de drogas, alimentando asesinatos, extorsiones y secuestros. También ha afirmado que el mercado ilegal mexicano ha sido "su sustento económico".
Las empresas han argumentado que México no ha establecido de manera convincente que sus daños son atribuibles a ellos, y que la Ley de Protección Legal del Comercio de Armas de los Estados Unidos (PLCAA) las protege de acciones legales por el uso indebido de sus productos. Los abogados de México han argumentado que "la ley solo excluye las reclamaciones de daños que ocurren en los Estados Unidos y no protegería a las empresas de las acusaciones de tráfico de armas a los criminales mexicanos."
El 30 de septiembre de 2022, el Tribunal de Distrito de Massachusetts desestimó la demanda del Gobierno mexicano. El 26 de octubre de 2022, México presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, alegando que la ley estadounidense que otorga inmunidad a los fabricantes y comerciantes de armas no se aplica a los daños causados en territorio mexicano. La demanda está en curso. Varios estados de Estados Unidos, así como Antigua y Barbuda y Belice apoyan la demanda y han presentado escritos separados instando a un juez federal en Boston a no desestimar el caso. En octubre de 2022, el gobierno mexicano presentó otra demanda contra cinco traficantes de armas de Arizona ante un tribunal federal en Tucson, Arizona. Argumenta que estos minoristas "rutinaria y sistemáticamente participan en el tráfico ilícito de armas" y violan la ley estadounidense para permitir el tráfico ilícito de armas a México. Además, el 11 de noviembre de 2022, México solicitó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el comercio de armas y su impacto en los derechos humanos.