Capítulo 3: Brechas de cumplimiento: el estado, empresas y derechos humanos

…[Aborda] la iniciativa de promover y elaborar un Plan de Acción Nacional en materia de empresas y derechos humanos, según una recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; el sistema constitucional-económico, la regulación de la prohibición de discriminación, igualdad de remuneraciones, planificación territorial, medioambiente, pensiones, tratados de libre comercio, el sistema de fiscalización, y temas de acceso a la justicia por potenciales violaciones a los derechos humanos por parte de actores empresariales…En términos generales, no hay transversalización de una política o un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, y no existe aún un Plan Nacional de Derechos Humanos, lo que dificulta la inserción de un enfoque de empresas y derechos humanos, ya que no existe la estructura base de un sistema transversalizado de derechos humanos. Recientemente, sin embargo, se empezó a relacionar la agenda en empresas y derechos humanos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, iniciativa que parece propicia, ya que varias de las metas de esta Agenda están diseñadas con un enfoque de derechos humanos. Esto significa que, por un compromiso de Estado ante Naciones Unidas, todos los ministerios y órganos estatales, incluida la Presidencia de la República, están comprometidos a contribuir con lo suyo para el alcance de estas metas…